Primera sentencia que niega la jubilación parcial anticipada: CSIF exige al Gobierno un cambio legal que reconozca este derecho a todos los empleados públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha, reclama al Gobierno de España la aplicación de cambios legales para el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada a todos los empleados públicos tras una sentencia que rechaza este derecho a una trabajadora de una residencia de mayores.

 

Una sentencia, dictada por el juzgado de lo Social nº 1 de Gijón y la primera que se produce en toda España tras la nueva regulación que interrumpió la aplicación de este derecho, en virtud de un acuerdo del Gobierno con UGT y CCOO, establece que en la negociación llevada a cabo por estos sindicatos no se han tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones, por lo que la Administración “se ve atada de pies y manos”, apuntando que el convenio colectivo del personal laboral autonómico es jerárquicamente inferior a la nueva regulación estatal, que entró en vigor el pasado 1 de abril, por lo que desestima la petición de la empleada pública acogerse a este derecho.

 

El acceso a la jubilación parcial anticipada llevaba años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las administraciones. Sin embargo, la nueva regulación (Real Decreto-Ley 11/2024) detuvo la continuidad de este derecho y se paralizaron las solicitudes porque el legislador no tuvo en cuenta las particularidades del acceso al empleo público.

 

El convenio colectivo permite la jubilación parcial con contrato de relevo temporal y parcial, pero el Real Decreto-Ley 11/2024 exige un contrato indefinido y a jornada completa, lo que sólo se puede realizar mediante un proceso selectivo público. CSIF Castilla-La Mancha está constatando que numerosos empleados públicos de la región no están pudiendo acceder a la jubilación parcial anticipada debido a este grave problema.

 

Para solventar esta situación provocada por las organizaciones sindicales de clase que avalaron con su firma esta reforma, las distintas Administraciones pueden convocar una tasa adicional de empleo público, si bien como establece la propia sentencia, esta medida “no es una herramienta adecuada para responder a una necesidad que no depende de la empleadora, sino de la imprevisible solicitud de los trabajadores que cumplan con los requisitos para jubilarse anticipadamente”. 

 

Para revertir esta situación y posibilitar el ejercicio de este derecho a los empleados públicos afectados, CSIF presentará enmiendas al Proyecto de Ley derivado del Real Decreto Ley 11/2024. Además, seguiremos trabajando para que el derecho a la jubilación parcial anticipada también sea una realidad para el personal funcionario y estatutario.