El descenso del paro no oculta la precariedad del empleo femenino y la temporalidad en las administraciones públicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra la bajada de 5.400 parados en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre del año, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 134.000 personas en la región de acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística.

A pesar de este descenso, CSIF pone el foco en el desempleo femenino, que vuelve a ser uno de los puntos negativos del mercado laboral de la región: mientras 6.900 hombres abandonaron la lista del paro, 1.500 mujeres ingresaron en ella. A ello se suma la ocupación, que aumentó en el último trimestre exclusivamente en 19.900 hombres. Es decir, toda la creación de empleo fue totalmente masculina.

Asimismo, las administraciones públicas contaban con 47.500 personas en situación de temporalidad en Castilla-La Mancha, 5,2 puntos porcentuales más respecto al segundo trimestre hasta alcanzar el 29,8% de todo el empleo público de la región. Además, desglosado por género, las mujeres representan el 65,7% del empleo temporal en el ámbito público (en el sector privado se encuentra en el 50,8%). En definitiva, la precariedad tiene rostro femenino.

Ante esta situación, exigimos eliminar la tasa de reposición que impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos servicios y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación. Por otro lado, CSIF considera que los gestores que incumplan el límite establecido en la Ley deben ser sancionados y asumir responsabilidad ante los tribunales. Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afectan a miles de trabajadores/as de nuestras administraciones.

Por último, CSIF insiste en la devolución de las subvenciones que otorga el Gobierno regional a CCOO y UGT (más de 51.3 millones de euros desde 2014) para acabar con los recortes que permanecen en los servicios públicos de Castilla-La Mancha, proteger a los colectivos más vulnerables y atajar las desigualdades del mercado laboral.