CSIF Cantabria logra una nueva condena contra el Gobierno regional por despedir a un trabajador al que pretendía jubilar sin cumplir los requisitos legales
11 de noviembre de 2026
Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria consiguen que la Justicia declare improcedente el despido de un auxiliar de Enfermería del ICASS y condene a la Administración a indemnizarle con 15.439 euros. El Gobierno de Cantabria reconoció su error al cesar al trabajador sin comprobar que no reunía los 15 años mínimos de cotización exigidos para acceder a la jubilación.
Los servicios jurídicos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han conseguido una nueva victoria judicial frente al Gobierno de Cantabria, después de que la Justicia haya declarado improcedente el despido de un trabajador interino del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), al que la Administración cesó por una supuesta jubilación obligatoria sin que reuniera los requisitos legales para acceder a la pensión.
La sentencia, dictada el pasado 20 de octubre por la Plaza nº 5 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander, condena al Gobierno de Cantabria a indemnizar al trabajador con 15.439,43 euros, tras reconocer la improcedencia de una extinción contractual basada en un cálculo erróneo de sus cotizaciones.
El afectado, auxiliar de Enfermería, prestaba servicios para el ICASS desde diciembre de 2018 mediante sucesivos contratos temporales. Su último contrato, de interinidad, tenía como finalidad sustituir a una trabajadora que se encontraba en situación de incapacidad temporal. Sin embargo, la Administración autonómica comunicó al empleado que su relación laboral finalizaría el 30 de marzo de 2025 por alcanzar la edad de jubilación obligatoria.
El problema es que el trabajador no reunía los 15 años mínimos de cotización exigidos para acceder a la pensión contributiva de jubilación, circunstancia que el Gobierno de Cantabria no tuvo correctamente en cuenta al acordar su cese y, como consecuencia de esta decisión, el afectado perdió su puesto de trabajo y quedó en situación de desempleo a partir de abril de 2025. Además, fue excluido de la nueva bolsa de contratación temporal de auxiliares de Enfermería, pese a que anteriormente figuraba en la lista de empleo.
La propia Administración reconoció su error ante la Justicia
Durante el procedimiento judicial, el Gobierno de Cantabria reconoció que había cometido un error en el cálculo del periodo de cotización y admitió que el trabajador no debería haber sido cesado en la fecha en la que se produjo la extinción de su contrato. La propia Administración reconoció que la relación laboral debería haber continuado hasta que finalizara la causa que justificaba el contrato de sustitución, circunstancia que no se produjo hasta diciembre de 2025.
La sentencia declara improcedente el despido y establece una indemnización de 15.439,43 euros, superior a los 13.969,01 euros inicialmente reconocidos por la Administración durante el procedimiento.
Para CSIF Cantabria, resulta especialmente preocupante que un error administrativo de estas características haya supuesto la pérdida del empleo de un trabajador que no podía acceder a la jubilación, obligándole a recurrir a los tribunales para defender sus derechos.
CSIF Cantabria denuncia las consecuencias de los errores de la Administración sobre sus trabajadores
Desde CSIF Cantabria denuncian que "una decisión adoptada sin comprobar correctamente el cumplimiento de los requisitos legales haya tenido consecuencias tan graves para la situación laboral y económica del afectado". El sindicato considera inadmisible que los trabajadores tengan que asumir las consecuencias de errores administrativos que afectan directamente a su empleo, su estabilidad económica y sus expectativas profesionales.
Asimismo, CSIF Cantabria advierte de que "este tipo de actuaciones también tiene consecuencias para las arcas públicas, al derivar en condenas económicas que debe afrontar la propia Administración".
CSIF Cantabria exige al Gobierno regional que extreme el rigor en la tramitación de los ceses y jubilaciones de sus empleados, compruebe adecuadamente las circunstancias individuales de cada trabajador y evite decisiones que puedan vulnerar sus derechos laborales.
Esta nueva resolución supone otro respaldo a la labor desarrollada por los servicios jurídicos de CSIF Cantabria, que continúan defendiendo los derechos de sus afiliados frente a actuaciones injustificadas de las administraciones públicas.
CSIF Cantabria seguirá utilizando todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que ningún trabajador tenga que soportar las consecuencias de decisiones administrativas contrarias a sus derechos.
📢 Si trabajas en el Gobierno de Cantabria y tienes algún problema, consulta con tu delegado sindical de CSIF Cantabria.
Teléfono: 942225613 / Email: autonomico39@csif.es