CSIF celebra que el Gobierno «reaccione» ante sus denuncias y reactive la negociación del Estatuto del PDI y la comisión del 1% del PIB para financiar las universidades públicas

Desde CSIF llevamos mucho tiempo denunciando que la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) está marcada por la infrafinanciación de las universidades públicas, la precariedad del Personal Docente e Investigador y la desleal competencia de las universidades privadas.

Por fin, tras muchos meses de retraso y ante la insistente denuncia de CSIF, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha convocado para este mes de septiembre sendas reuniones sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador y la Comisión para aumentar la inversión en educación superior hasta el 1% del PIB en el año 2030. Se trata de dos mandatos claves de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que llevan estancados desde hace mucho tiempo y que provocaron las denuncias de CSIF sobre falta de avances y de voluntad política en la resolución de esta grave crisis en el Sistema Universitario Español.

Y es que, a dos años y medio desde que la LOSU entrara en vigor, el nuevo curso universitario vuelve a estar marcado por la dificultad de financiación de las universidades públicas. Situación que prolifera por la mayoría de comunidades autónomas y que impide poner en marcha nuevas titulaciones, mejorar infraestructuras o cubrir servicios básicos. También imposibilita adaptar y estabilizar figuras del PDI, realizar nuevas contrataciones o aplicar la reducción horaria prevista en la Ley.

Según el último informe de la OCDE el gasto por estudiante universitario en España es un 21% inferior que en la UE. Por su parte, el Consejo Económico y Social en su última “Memoria sobre la situación socioeconómica y la boral de España 2024” constata falta de financiación y una “fuerte competencia” entre universidades públicas y privadas. Además, el gasto público en las enseñanzas universitarias ha caído en términos reales desde 2009 y el incremento del gasto público que viene registrándose en los últimos años no ha logrado aún compensar el aumento acumulado del coste de la vida.

El sindicato destaca que ya el curso pasado hubo que poner en marcha mecanismos adicionales de financiación dirigidos a cubrir las necesidades derivadas de la nueva regulación de los contratos de profesorado, recurriendo al Plan Integra o María Goyri (3.400 profesores/as ayudantes doctor) en 6 años.

La otra gran rémora del Sistema Universitario Español es la precariedad del personal docente e investigador con una temporalidad media del 49% -frente al 28% existente en otras administraciones públicas- y una estabilización muy tardía en torno a los 48 años. De esta manera, 1 de cada 2 docentes de los 106.000 del SUE tiene trabajo temporal y precario. Se han perdido 2.316 docentes permanentes en una década y existen enormes bolsas de precariedad en el profesorado Asociado y Sustituto.

Sobre el Estatuto del PDI, el sindicato independiente critica el incumplimiento flagrante de lo que la LOSU establecía en su Disposición final décima. Estatuto del personal docente e investigador. “En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario”.

Hace ahora más de un año (julio de 2024 ) que no hay negociación alguna sobre el Estatuto del PDI y la última reunión prevista para marzo de 2025 se aplazó por “unos días” con la excusa de “situación de prórroga presupuestaria del Estado”. Para CSIF hasta ahora ha existido un nulo compromiso para conseguir un Estatuto del PDI que debe regular y mejorar temas vitales del profesorado universitario como sus funciones y dedicación, su modelo salarial, su movilidad, su promoción interna o sus procesos de selección.

El Gobierno también tuvo que adoptar medidas dirigidas a flexibilizar los plazos de implantación de la LOSU: dedicación y estabilización del PDI (ampliándolo del 31 de diciembre de 2024, hasta junio de 2028) y se aumentó tres años (2026) el plazo para aprobar los nuevos Estatutos y constituir el nuevo Claustro y Consejo de Gobierno de las universidades. Tampoco se ha cumplido en la mayoría de universidades el plazo de tener activo en abril de 2025 el sistema de contabilidad analítica.

Por último, CSIF vuelve a denunciar la fuerte competencia entre universidades públicas y privadas. El sindicato señala que las universidades privadas acogen ya al 22% del alumnado (el 3% en el curso 1995-96) y el 50% de Máster. Además, la situación empieza a ser alarmante en algunas comunidades donde las universidades privadas concentran un alto porcentaje de las matriculaciones: Navarra (53%), Cataluña (36%), Madrid (32%).

 

CSIF insiste en que hay que proveer al sistema universitario de una financiación adecuada y conseguir una plantilla docente e investigadora estable y cualificada que pueda desarrollar su trabajo con calidad.