CSIF reclama la inclusión de las personas con discapacidad en las medidas de conciliación en el ámbito universitario

Las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional en el ámbito universitario han supuesto en los últimos años un avance importante en la mejora del bienestar y de la calidad del empleo de los colectivos universitarios. No obstante, dichas políticas siguen presentando importantes lagunas que impiden alcanzar una igualdad real y efectiva de oportunidades para todos los miembros de la comunidad universitaria.

Desde CSIF hemos trasladado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero también al de Igualdad y al de Derechos Sociales, nuestra preocupación por la ausencia de medidas específicas de conciliación destinadas al personal docente e investigador (PDI) con discapacidad en diferentes universidades públicas españolas, una realidad que supone una vulneración del principio de igualdad de oportunidades y del derecho a la no discriminación reconocido por nuestra legislación.

Casos como el recientemente denunciado por CSIF en la Universidad de Santiago de Compostela — donde no existe ningún documento que recoja las medidas de acción positiva para el acceso y apoyo al personal docente e investigador con discapacidad y donde, lamentablemente, el profesorado con discapacidad no ha sido contemplado en los procedimientos de asignación de horarios docentes ni en las medidas de conciliación familiar y laboral— ponen de manifiesto la existencia de una discriminación indirecta que vulnera lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, así como en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que en su disposición adicional vigésima cuarta exige que las universidades garanticen la igualdad de oportunidades y establezcan medidas de acción positiva para asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito universitario.

Tal y como recoge el mencionado Real Decreto Legislativo, las medidas de acción positiva no solo son una posibilidad, sino una obligación legal para compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y permitir la participación plena y efectiva en la vida laboral. La ausencia de tales medidas en el ámbito universitario para el PDI con discapacidad, especialmente en lo relativo a la conciliación, supone una exclusión de facto que no puede seguir perpetuándose.

Por ello, desde CSIF hemos solicitado que, con carácter urgente, se impulse desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la elaboración de una normativa de carácter estatal que obligue a todas las universidades públicas españolas a contemplar expresamente al personal docente e investigador con discapacidad en los procedimientos y normativas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

De la misma manera, pedimos el establecimiento de medidas de acción positiva concretas, tales como la posibilidad de ajustar horarios docentes para facilitar tratamientos médicos, procesos de rehabilitación o necesidades de movilidad, la asignación preferente de espacios accesibles y limitación de desplazamientos entre campus o edificios alejados y la consideración de las situaciones personales de discapacidad como un criterio justificado y prioritario en la asignación de docencia.

En CSIF creemos firmemente que solo mediante un compromiso institucional firme y una normativa clara que no deje lugar a la interpretación, será posible alcanzar una inclusión real del personal con discapacidad en la comunidad universitaria. La igualdad de oportunidades no puede seguir siendo un principio teórico: debe traducirse en acciones concretas y vinculantes.

 

CSIF pide acelerar las negociaciones para:

 

• Convocar y consolidar el Sexenio de Transferencia
• Aprobar el Estatuto del PDI
• Suprimir la Tasa de Reposición