La Justicia confirma el interés de Valoriza por represaliar a trabajadores tras una denuncia por insalubridad

•   Ha quedado demostrado que la apertura de taquillas de varios operarios, por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza municipal de Cádiz, no responde a la protección del patrimonio empresarial sino que tuvo un claro carácter vengativo

 Cádiz, 22 de septiembre de 2026

La sección sindical de CSIF en el comité de empresa de Valoriza Servicios Medioambientales en Cádiz quiere hacer pública una resolución judicial en la que se da la razón a los trabajadores frente a la utilización del poder disciplinario como instrumento de represalia frente a la actividad sindical. La sentencia viene a dejar claro que la apertura de las taquillas de varios trabajadores no respondía a la protección del patrimonio empresarial, como defendía la empresa, malinterpretando intencionadamente un requerimiento de la Inspección de Trabajo, tras un denuncia presentada por CSIF en noviembre de 2024, por falta de higiene e insalubridad en el centro de trabajo de la calle Huerta del Obispo.

La Inspección, en visita a dichas instalaciones, constató los hechos denunciados y requirió a la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Cádiz la adopción de medidas correctoras. Entre otras, la necesidad de diferenciar y adecuar los espacios de trabajo, señalando expresamente que el vestuario no podía ser utilizado también como almacén de productos y equipos de trabajo. Al día siguiente de recibir el requerimiento, la empresa procedió sin previo aviso a la apertura forzada de las taquillas individuales, rompiendo las cerraduras y dejándolas abiertas y sin vigilancia durante todo el fin de semana. La propia sentencia recoge que la rotura de las taquillas se hizo a instancias de la empresa y con la presencia de representantes sindicales ajenos a la sección denunciante.

La concesionaria justificó esta actuación alegando pretender dar cumplimiento al requerimiento de la Inspección y comprobar que en las taquillas no se encontraban herramientas de trabajo. Sin embargo, el juez, ante el testimonio de la inspectora, considera que esta interpretación no se corresponde con las medidas realmente requeridas por la Inspección de Trabajo.

La sentencia va más allá y analiza de forma especialmente contundente la coincidencia temporal entre la actuación inspectora y la apertura por la fuerza de las taquillas, concluyendo que la medida adoptada por la empresa tenía un “claro ánimo represarial”, excediendo sus facultades de dirección.

Como consecuencia de la actuación de Valoriza, se iniciaron varios expedientes disciplinarios contra trabajadores del centro, siendo sancionados con suspensión temporal de empleo y sueldo. La Justicia, ahora, ha dejado sin efecto dicha sanción, al haberse conculcado los derechos a la defensa y a la intimidad de los trabajadores, recordando el juez que las taquillas y los efectos personales forman parte de la esfera privada de los trabajadores y que la facultad de vigilancia de la empresa  tiene como límite los derechos fundamentales.

La sentencia hace hincapié en el hecho de que la empresa no había proporcionado un lugar específico para guardar las herramientas de trabajo –que es precisamente lo que requería la Inspección de Trabajo-, por lo que los trabajadores utilizaban las taquillas para ello. Valoriza pretendió trasladar a los trabajadores las consecuencias de una obligación que le correspondía a la propia empresa y que esta no había solucionado con los medios adecuados.

Esta situación refuerza la necesidad de analizar lo sucedido desde una perspectiva sindical, ya que estas deficientes condiciones higiénico-sanitarias han sido también denunciadas en el resto de centros de trabajo. Sin embargo, las taquillas solo fueron violentadas en las dependencias de Huerta del Obispo, que es donde están destinados los miembros de la sección sindical de CSIF. Para CSIF, “la defensa de unas condiciones de trabajo dignas, seguras y salubres forma parte de nuestra obligación como representantes de los trabajadores”.

A CSIF le resulta lamentable que el resto de secciones sindicales pertenecientes al comité hayan celebrado y justificado la acción cometida por la empresa (finalmente ilegal, como señala la sentencia). Incluso alguno de sus miembros llegó a testificar en el juicio contra sus propios compañeros.

Hay que recordar que la  sección sindical de CSIF viene señalando, desde que Valoriza se hizo con la concesión municipal, “lo que consideramos una intromisión reiterada en la esfera privada de los trabajadores y las trabajadoras por parte de la empresa”. Entre otras actuaciones denunciadas, CSIF hace referencia a la utilización de detectives privados para investigar a trabajadores y trabajadoras de especial vulnerabilidad en situación de incapacidad temporal, con el fin de promover expedientes disciplinarios por faltas muy graves, llegando a plantearse despidos.

Por todo ello, CSIF exige a Valoriza Servicios Medioambientales “que abandone cualquier práctica que pueda interpretarse como represalia frente a la actividad sindical, centrando sus esfuerzos en solucionar las pésimas condiciones de trabajo a la que están sometidos sus trabajadores y trabajadoras”.