CSIF denuncia que el Gobierno central debe unos 50 millones de euros a los empleados públicos de la provincia de Cádiz por la falta de acuerdo salarial para 2025

• El próximo 30 de octubre el sindicato se moviliza, en unidad de acción con CCOO y UGT, en las subdelegaciones del Gobierno de toda España como inicio de un calendario de protestas para exigir una negociación colectiva

Cádiz, 22 de octubre de 2025

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, calcula que el Ministerio de Función Pública y Transformación debe a las empleadas y empleados públicos de la provincia de Cádiz 51 millones de euros por la congelación de sus nóminas y la falta de un acuerdo salarial para 2025. El cálculo se eleva hasta los 310 millones de euros para este colectivo en Andalucía.

La presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga califica de “lamentable e injusta” la pérdida de poder adquisitivo que sufre el colectivo de empleados públicos por “la actitud cicatera” del Gobierno central que mantiene estancada la negociación con los representantes sindicales. Para Amézaga “no es de recibo que el Ministerio que dirige Óscar López haya permitido que el personal del sector público lleve acumulada una pérdida de poder de compra del 6 % desde 2022”, en referencia al “mal acuerdo” firmado por entonces entre el Ejecutivo y otras organizaciones sindicales para los años 2022, 2023 y 2024 y que CSIF se negó a firmar por considerarlo insuficiente. Si el cálculo se remonta a los recortes de 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la cifra de pérdida de poder de compra asciende a más del 20 %.

Por este motivo, CSIF, en unidad sindical con UGT y CCOO, se movilizará el próximo 30 de octubre en las subdelegaciones del Gobierno para exigir al Ejecutivo central que reaccione y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar el poder adquisitivo perdido.

Estas protestas, que se desarrolla bajo el lema Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos, se reproducirán en todas las provincias de España y marcan el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará con una gran movilización en noviembre en Madrid y que podría acabar en una huelga nacional en diciembre, la primera en las administraciones públicas para el Gobierno de Pedro Sánchez, si el Ministerio persiste en el bloqueo de la negociación colectiva.

Amézaga, por otra parte, ha mostrado su total rechazo a la negativa del Gobierno andaluz a la firma del preacuerdo por la mejora del empleo público en la Administración General de la Junta de Andalucía y unos servicios de calidad que redunden en la ciudadanía. “La actitud de la Administración andaluza es inaceptable y requiere de un calendario contundente y específico de actuaciones para mostrar nuestro desacuerdo, que anunciaremos en los próximos días”, ha explicado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

Sin embargo, CSIF considera que el día 30 de octubre no es el adecuado para iniciar estas actuaciones dirigidas a la Junta de Andalucía por coincidir en el tiempo con las movilizaciones ya convocadas para exigir al Gobierno central un nuevo acuerdo salarial, ya que se diluye la fuerza de ambas reivindicaciones. “Y así se lo hemos hecho saber a las otras organizaciones sindicales” ha señalado el responsable de CSIF a nivel autonómico.