La Junta Electoral valida 42.807 firmas recabadas por CSIF, para conseguir la tramitación de la ley de enfermería escolar en Castilla y León.

“Se trata de una figura esencial, que ya ha demostrado su eficacia en Castilla y León de forma puntual y, en otras Comunidades de España o en países, donde la enfermera escolar es una figura reconocida y normalizada”.

La realidad es que los docentes y resto de personal de estos centros, están asumiendo funciones que no les corresponden, como administrar medicación, atender crisis epilépticas o actuar ante un shock anafiláctico. Esto no solo puede suponer un riesgo para alumnado (ya que el 20% padece enfermedades crónicas), sino también para los propios profesionales de la educación.

La nueva normativa que propone CSIF quiere asegurar por ley la presencia de profesionales de enfermería en los centros educativos de la Comunidad: “una atención que urgen docentes, familias, asociaciones de enfermos o el propio personal sanitario”.

La propuesta de CSIF contempla que los centros educativos cuenten con profesionales de enfermería escolar en su plantilla estructural, adscritos a la red pública sanitaria pero integrados en el entorno educativo.

Estos profesionales se encargarían de situaciones de urgencia, aplicación de tratamientos prescritos, coordinación con los servicios de salud y orientación, realizar educación para la salud dirigida a alumnado, profesorado y familias.

Después de informes favorables previos, la Mesa de las Cortes tendrá que continuar la tramitación y fijar una fecha para celebrar una sesión plenaria de las Cortes de toma de consideración de la proposición de Ley, en la que los grupos debatirán y votarán. En el pleno, CSIF podrá participar (a título informativo) por ser el promotor de la ILP.

Concluyendo consideramos que la figura de la enfermera escolar

• • Es esencial para garantizar la seguridad de los alumnos y liberar a los docentes de una responsabilidad que no les corresponde y para la que no están formados.
  • Protege la salud de los menores
  • Asegura que ningún niño quede excluido de su derecho a la educación por motivos médicos.
  • Será un pilar clave beneficioso para el sistema ya incorporado en otras CC.AA..
  • Se considera una inversión en la función de prevención propia del sistema sanitario de nuestra Comunidad y a la par un ahorro de recursos tanto económicos como sanitarios, beneficioso para la población en general.