CSIF rechaza el acuerdo sobre complemento de productividad y rendimiento

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)  ha votado en contra del acuerdo presentado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y en el Comité Intercentros relativo a los criterios de atribución objetiva de los complementos retributivos ligados a la productividad y al rendimiento del personal funcionario y laboral.

La decisión de CSIF responde a una cuestión fundamental: la Administración ha pretendido aprobar directamente un acuerdo sin haber presentado previamente una propuesta técnica concreta ni haber negociado el procedimiento que debe regular la aplicación de este complemento retributivo.

Desde CSIF consideramos inaceptable otorgar una habilitación genérica a la Administración sin definir previamente un sistema objetivo, transparente, medible y garantista que determine cómo se evaluará la productividad del personal empleado público, y éste sea aplicable a todo el personal sin diferenciar en categorías, territorios o centros.

Antes de la firma del acuerdo, CSIF solicitó expresamente la creación de una mesa técnica de trabajo con el objetivo de desarrollar un procedimiento reglado y negociado que garantizara la seguridad jurídica, la igualdad de trato y la objetividad en la aplicación del complemento de productividad.

En dicha mesa técnica, CSIF propuso, entre otras cuestiones, las siguientes garantías básicas:

1. Que los criterios de valoración estuvieran asociados a indicadores verificables, medibles y previamente definidos, evitando conceptos genéricos o interpretables sin concreción operativa, de conformidad con los artículos 24.c y 20.5 del TREBEP y el artículo 121.2.d) de la Ley 3/2007 de la CAIB.
2. Que la asunción de funciones no propias del puesto de trabajo no pudiera constituir un criterio de valoración positiva, salvo en los casos formalmente asignados y regulados.
3. Que la evaluación del desempeño no pudiera basarse exclusivamente en la valoración unipersonal del superior jerárquico, incorporando mecanismos que garanticen  la objetividad, la transparencia y la posibilidad de revisión.
4. Que el personal evaluado tuviera derecho a conocer los criterios aplicados, la valoración obtenida y a formular alegaciones mediante un procedimiento de revisión independiente.

Asimismo, CSIF defendió que cada trabajador debe conocer claramente cuáles son las funciones ordinarias de su puesto, cuáles son las funciones extraordinarias o adicionales y cuáles son los resultados esperados, lo que exige necesariamente el desarrollo de un sistema cuantificable, objetivo y previamente tasado.

5. Que pudieran establecerse criterios específicos de aplicación para aquellos colectivos cuyas condiciones estructurales de prestación del servicio difieran significativamente, tales como procesos de externalización, indefinición funcional o dificultades estructurales de cobertura de efectivos.
6. Que se garantice la aplicación homogénea de los criterios de valoración entre centros de trabajo con funciones equivalentes, evitando desigualdades territoriales u organizativas.

CSIF quiere dejar claro que su negativa al acuerdo tiene como finalidad evitar sistemas discrecionales basados en criterios subjetivos, discrecionales o carentes de la debida objetividad (afinidades personales, favores o “amiguismos”),  que puedan derivar en retribuciones arbitrarias alejadas de los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia que deben regir en toda Administración pública.

Asimismo, CSIF considera que la productividad debe retribuir el trabajo desarrollado dentro de la jornada laboral ordinaria, dado que los trabajos realizados fuera de la jornada ya disponen de mecanismos retributivos específicos legalmente regulados.

CSIF no quiere otorgar una carta blanca a la Administración para establecer complementos retributivos sustentados únicamente en criterios subjetivos o en la valoración exclusiva del superior jerárquico.

Por ello, reiteramos nuestra voluntad de negociar un verdadero desarrollo reglado del procedimiento que permita alcanzar en el futuro un acuerdo justo, objetivo, transparente y con todas las garantías para el conjunto de empleados y empleadas públicas.