Balance Tribunales de Instancia: la implantación del modelo suspende en Baleares

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),  denuncia el fracaso con el que se está llevando a cabo la implantación de los Tribunales de Instancia en la comunidad balear. La encuesta realizada por CSIF Justicia dibuja un escenario rotundo: la plantilla considera que la reforma se ha implantado de forma precipitada, desorganizada y sin garantías.

 El análisis, realizado sobre 442 encuestas cumplimentadas por personal de la Administración de Justicia de Mallorca, Ibiza y Menorca, arroja datos demoledores. La valoración global de la implantación apenas alcanza 1,9 sobre 4, mientras que la percepción de que este nuevo modelo vaya a mejorar el servicio público de justicia se queda en 1,96 sobre 5. Es decir: quienes están sosteniendo cada día el funcionamiento de juzgados y servicios comunes no creen que esta reforma esté mejorando la Justicia.

El suspenso se extiende a los aspectos esenciales del nuevo sistema. La coordinación entre unidades obtiene una media de solo 1,74 sobre 5, la distribución de cargas de trabajo se queda en 1,83 sobre 5 y la supuesta mejora de la eficiencia en la tramitación apenas alcanza 1,84 sobre 5. Lejos de racionalizar el trabajo, lo que reflejan las respuestas es un modelo que genera más confusión, más sobrecarga y más problemas en el día a día.

CSIF considera especialmente grave que esta implantación se haya producido sin una preparación material mínima. Solo un 28,7% del personal encuestado afirma que encontró su puesto preparado el primer día, lo que significa que más de siete de cada diez trabajadores y trabajadoras se incorporaron al nuevo modelo en condiciones claramente deficientes. A ello se suma que solo un 29,1% conoce la RPT (relación de puestos de trabajo) de su partido judicial y apenas un 36,6% afirma conocer algún protocolo de funcionamiento de los Tribunales de Instancia. No se puede vender como modernización un proceso que arranca sin información, sin transparencia y sin instrucciones claras.

Otro de los datos más alarmantes es que un 52,8% de las personas encuestadas asegura recibir instrucciones contradictorias en sus tareas diarias. Este dato pone de manifiesto que la implantación no solo está mal diseñada, sino que además está generando inseguridad funcional, descoordinación jerárquica y conflictos organizativos que afectan directamente al trabajo diario y en última instancia, al servicio que se presta a la ciudadanía.

Tampoco la información previa ni la formación recibida salen bien paradas. La información recibida antes de la implantación apenas obtiene una valoración de 1,93 sobre 5 y la formación recibida se sitúa en 2,07 sobre 5. En otras palabras, la Administración ha puesto en marcha una de las reformas más importantes de la organización judicial sin preparar adecuadamente al personal que tenía que asumirla. Además, los resultados se repiten en las tres islas analizadas, lo que demuestra que no estamos ante problemas puntuales o casos aislados, sino ante un problema estructural y generalizado en toda Baleares. CSIF Justicia Baleares exige a la Administración que deje de maquillar la situación y reconozca el fracaso organizativo de este arranque. El sindicato reclama una revisión inmediata del modelo implantado, la corrección urgente de las carencias detectadas, una definición clara de funciones y mandos, la dotación real de medios materiales y una información transparente y completa para todo el personal.

No se puede construir una nueva organización judicial a costa del caos interno, de la improvisación y del deterioro de las condiciones de trabajo. Y no se puede exigir profesionalidad y responsabilidad a la plantilla mientras la Administración responde con desorden, opacidad y falta de previsión. CSIF seguirá denunciando esta situación y defendiendo al personal de Justicia de Baleares frente a una implantación que, a la vista de los datos, ha nacido mal y está generando más problemas