El Gobierno de Aragón publica la nueva orden que refuerza los protocolos frente al acoso escolar

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27 de abril de 2026

CSIF valora positivamente la actualización normativa, aunque advierte de que llega tarde y exige recursos reales para garantizar su aplicación efectiva en los centros.

El Gobierno de Aragón publica la nueva orden que refuerza los protocolos frente al acoso escolar

CSIF valora positivamente la actualización normativa, aunque advierte de que llega tarde y exige recursos reales para garantizar su aplicación efectiva en los centros.

El Gobierno de Aragón ha publicado hoy en el BOA la Orden ECD/584/2026, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/1003/2018, relativa a las actuaciones para promover la convivencia, la igualdad y la lucha contra el acoso escolar en los centros educativos aragoneses.

La nueva norma refuerza el marco de actuación de los centros ante posibles situaciones de acoso escolar y establece la obligación de activar los protocolos de forma inmediata cuando exista cualquier indicio razonable. Además, concreta la definición de acoso escolar, incluyendo la violencia física, verbal, psicológica, social o digital, y extiende la aplicación de los protocolos a todos los centros educativos, con independencia de su titularidad.

La Orden también prevé la intervención de la Inspección de Educación y de la Red Integrada de Orientación Educativa, así como la adaptación de los protocolos vigentes en un plazo máximo de seis meses.

Desde CSIF Educación Aragón valoramos positivamente esta publicación, ya que supone un avance necesario en la protección del alumnado y en la mejora de la convivencia escolar. No obstante, consideramos que esta regulación llega tarde, después de que la comunidad educativa lleve tiempo reclamando procedimientos más claros, ágiles y garantistas ante situaciones de acoso y violencia en el ámbito educativo.

CSIF recuerda que la existencia de protocolos no es suficiente si no va acompañada de recursos reales, formación específica, apoyo a los equipos directivos y docentes, refuerzo de la orientación educativa y acompañamiento efectivo por parte de la Administración.

Por ello, exigimos al Departamento de Educación que la aplicación de esta Orden no se limite a una modificación normativa, sino que se traduzca en medidas concretas que permitan a los centros actuar con rapidez, seguridad jurídica y garantías para todo el alumnado implicado.

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