CSIF reclama más protección, estabilidad y reconocimiento para los profesionales de la seguridad privada en Andalucía

• El sindicato denuncia los bajos salarios y el intrusismo laboral que soporta el sector, que emplea a 14.000 personas en la comunidad autónoma
• Pide avances hacia las 35 horas semanales, mejoras en el acceso a la jubilación parcial y el reconocimiento como agentes de la autoridad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado mejoras laborales y un mayor reconocimiento para los más de 14.000 profesionales de la seguridad privada en activo en la comunidad.

Coincidiendo con el Día Nacional de la Seguridad Privada, que tiene lugar este jueves, la organización sindical ha puesto en valor la labor que desempeña este colectivo en la protección de la ciudadanía y ha advertido de que las condiciones laborales continúan siendo insuficientes pese a la responsabilidad y el riesgo que asumen diariamente. En este sentido, CSIF ha señalado que los salarios siguen siendo bajos y ha alertado de la pérdida continuada de poder adquisitivo que sufren estos trabajadores.

El responsable autonómico de Seguridad Privada de CSIF Andalucía, Raúl Álvarez, ha explicado que “aunque se han producido avances en materia retributiva por el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada para el período 2027-2030, las subidas salariales son insuficientes si no se vinculan a la evolución real del IPC”; asimismo, ha lamentado que “continúe pendiente la recuperación de los recortes aplicados desde 2014 en las pagas extraordinarias, que han supuesto una merma aproximada del 20 % por la supresión de pluses como transporte y vestuario”.

Álvarez ha insistido en que “llevamos años soportando un sueldo medio que ronda el Salario Mínimo Interprofesional o apenas lo supera, especialmente en subcontratas o empresas de bajo coste, con jornadas que superan las diez horas diarias y con escasa compensación por nocturnidad, festivos o turnicidad”.

CSIF también ha defendido la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales como una medida necesaria para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y mejorar las condiciones del sector. “La tecnificación y profesionalización de la seguridad privada permiten avanzar hacia una reducción de jornada sin condicionantes”, ha señalado el responsable sindical, quien también ha reclamado “un día de asuntos propios real”.

La Central Sindical ha advertido además de la falta de motivación existente en el sector, una situación que dificulta la incorporación de nuevos profesionales. De hecho, de los aproximadamente 20.000 vigilantes con titulación existente en Andalucía, unos 6.000 no ejercen actualmente la profesión.

El sindicato ha mostrado igualmente su preocupación por la falta de reconocimiento social e institucional que padecen los vigilantes de seguridad, “a quienes en demasiadas ocasiones se les devalúan sus funciones pese al papel esencial que desempeñan”. En este contexto, Álvarez ha recordado que durante la pandemia por la COVID-19 estos profesionales fueron considerados trabajadores esenciales.

Otro de los principales problemas denunciados por CSIF es el intrusismo laboral derivado de la proliferación de empresas que operan sin estar habilitadas conforme a la ley. “La falta de inspecciones eficaces y el descontrol en determinadas adjudicaciones públicas favorece la aparición de empresas piratas que incumplen el convenio colectivo del sector”, ha denunciado Álvarez, “lo que supone una competencia desleal y pone en riesgo tanto a la ciudadanía como a las empresas al confiar servicios sensibles a personal no cualificado”. A ello se suma, según ha apuntado, la insuficiencia de las sanciones actuales para combatir este problema.

CSIF también ha alertado de las agresiones físicas y verbales que sufren de forma habitual los vigilantes de seguridad y ha reclamado a administraciones y empresas mayores medidas de protección y recursos adecuados para garantizar la seguridad y salud de las plantillas. Asimismo, el sindicato ha señalado la necesidad de actualizar la formación de los profesionales para que puedan responder de forma eficaz ante situaciones de emergencia o riesgo, además de avanzar en la desconexión digital y clarificar su aplicación efectiva en las empresas del sector.

CSIF también ha reclamado una mejora real de las condiciones de acceso a la jubilación parcial en el sector. El sindicato considera insuficiente la regulación actual recogida en el nuevo convenio colectivo, ya que, aunque introduce por primera vez ciertas obligaciones para las empresas, mantiene importantes limitaciones mediante sistemas de cupos y restricciones porcentuales.

La organización sindical ha advertido además de que vincular el acceso a la jubilación parcial al absentismo laboral “resulta profundamente injusto”, ya que el elevado desgaste físico y psicológico que sufren los vigilantes de seguridad es consecuencia directa del envejecimiento de las plantillas, las largas jornadas, la nocturnidad, el estrés operativo y las agresiones que padecen durante décadas de servicio.

CSIF ha insistido en que el sector continúa sin contar con una jubilación anticipada real equiparable a la de otros colectivos considerado profesiones penosas o de riesgo y ha reclamado el establecimiento de coeficientes reductores, la eliminación de límites restrictivos en la jubilación parcial, la renovación efectiva de plantillas y una mayor protección para los trabajadores mayores de 55 años.

Por último, Álvarez ha reiterado la demanda histórica de CSIF para que los vigilantes de seguridad privada sean reconocidos como agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. “Avanzar hacia ese reconocimiento y reforzar las medidas de protección supondría un paso importante en la dignificación del sector”, ha concluido.