No es oro todo lo que reluce: CSIF advierte de las sombras del Decreto de Zonas de Transformación Social

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha publicado finalmente el Decreto 103/2026, de 17 de junio, por el que se regula la atención educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos de zonas con necesidades de transformación social y las actuaciones dirigidas al alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad.

CSIF Educación Andalucía comparte el objetivo general de reforzar la atención educativa al alumnado más vulnerable. Lo hemos defendido siempre. Los centros que escolarizan alumnado en contextos de especial complejidad necesitan más recursos, más reconocimiento profesional y una respuesta educativa sólida y ajustada a su realidad.

Sin embargo, precisamente por la importancia de esta materia, CSIF no puede limitarse a reproducir el relato triunfalista de la Consejería. El decreto mantiene elementos muy preocupantes que fueron rechazados durante su tramitación por CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza, en la Mesa Sectorial de educación. Ese rechazo no fue meramente formal: motivó la convocatoria de movilizaciones en todas las capitales andaluzas, con concentraciones ante las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo, para denunciar la falta de garantías del texto, la ausencia de transparencia y el riesgo de afección a la movilidad del profesorado.

Financiación: recursos anunciados, pero no plenamente blindados

La Consejería ha presentado el decreto como una gran inversión en favor de la equidad educativa. CSIF valora cualquier incremento de recursos destinado al alumnado vulnerable, pero advierte de que no basta con anunciar cifras.

El propio decreto establece que todas las medidas y actuaciones quedan sujetas a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente. Además, buena parte de la financiación anunciada se vincula al Fondo Social Europeo.

CSIF considera positivo aprovechar fondos europeos, pero no acepta que una política estructural para atender al alumnado más vulnerable dependa de financiación temporal, finalista o condicionada. La atención educativa en estos centros debe quedar garantizada con presupuesto propio, estable y plurianual de la Junta de Andalucía.