CSIF denuncia que la inacción de la Consejería volverá a provocar el caos en los institutos de Andalucía por la adjudicación del profesorado de Religión

• El sindicato rechaza que la Administración mantenga un procedimiento que hace imposible la confección de horarios y perjudica gravemente a los profesionales
• Defiende un acto público provincial, transparente y técnicamente viable para evitar la atomización de centros

Sevilla, 13 de mayo de 2026

CSIF Educación Andalucía, primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza, ha exigido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que adopte de forma inmediata una decisión valiente y eficaz para modificar el actual procedimiento de adjudicación de destinos del profesorado de Religión, un modelo que está provocando efectos cada vez más adversos en los centros educativos, en los equipos directivos, en el profesorado afectado y en la propia asignatura.

La presidenta del sector de Educación del CSIF Andalucía, Elena García, ha emplazado a la Administración a que ponga fin al sinsentido del procedimiento actual, que cada comienzo de curso causa graves problemas en numerosos institutos. Según denuncia el sindicato, este modelo llega a hacer imposible la confección de horarios en muchos centros, dificulta gravemente el trabajo de los equipos directivos en un momento en el que deberían poder centrarse en otras cuestiones esenciales para la organización del nuevo curso y, por extensión, provoca un perjuicio cada vez mayor en las condiciones laborales del profesorado de Religión, repercutiendo negativamente, en ocasiones, en el clima de convivencia de los claustros.

El hecho es que el actual modelo de adjudicación del profesorado de Religión está provocando que los docentes tengan que estar destinados innecesariamente en 4, 5 y hasta 8 institutos, cuando, con un procedimiento más racional, como el propuesto por CSIF, esta situación se subsanaría.

Debido al actual procedimiento, en los institutos se destina cada año a varios profesores - a veces 3, 4 o 5-, incluso a pesar de que en algunos hay pocas horas de Religión, con lo que los equipos directivos de los diferentes centros en los que trabaja el docente afectado tienen que ponerse de acuerdo para confeccionar sus horarios. En consecuencia, se da el caso, no infrecuente, de que un director tiene que ponerse de acuerdo con otros 20 para empezar a confeccionar el horario de su centro que, obviamente, se ve condicionado a empezar por las clases de Religión.

“Hemos trabajado muy duro para presentar a la Consejería una propuesta, realista y fácilmente implementable, de un nuevo procedimiento de adjudicación para este profesorado, que elimina los motivos de atomización, es decir, de la adjudicación de varios profesores a un instituto o de varios institutos a un mismo profesor, y que hace posible que este caos vaya disminuyendo hasta su desaparición”, ha indicado García, quien añade que la Consejería, “como consta en las actas de la comisión negociadora, admitió el caos y aceptó el cambio de procedimiento en la línea planteada por CSIF, pero ahora se ha desdicho y opta por mantener el mismo procedimiento de años anteriores, cambiando solamente algunos criterios que lo único que harán será maquillar, pero no resolver realmente el problema, ya que el causante, el procedimiento, se mantendrá”.

La dirigente sindical ha añadido que “CSIF ha actuado con responsabilidad, rigor y espíritu constructivo. Hemos presentado propuestas concretas, las hemos adaptado, hemos escuchado las dificultades planteadas por la Administración y hemos ofrecido respuestas técnicas en un plazo muy breve. Lo que no es aceptable es que, después de reconocer el problema, se pretenda mantener prácticamente el mismo procedimiento que ha generado el caos actual”.

CSIF, que cuenta con el 62% de la representatividad sindical en la Comisión del Convenio Colectivo del profesorado de Religión, insiste en que la causa fundamental de la atomización es que el profesorado se ve “obligado a elegir a ciegas”, sin conocer en el momento de la adjudicación cuántas horas reales están disponibles en cada centro. Esta falta de información provoca combinaciones ineficientes, división de horarios, multiplicación de centros por docente y adjudicaciones que, año tras año, empeoran la situación.

El acto público permitiría que cada docente eligiera con información actualizada, conociendo en tiempo real las vacantes y las resultas que se fueran generando durante el procedimiento. Para CSIF, esta fórmula aportaría más transparencia, reduciría la sensación de inseguridad o arbitrariedad y permitiría avanzar progresivamente hacia una adjudicación más racional, menos fragmentada y más respetuosa con las condiciones laborales del profesorado.

La Central Sindical ha señalado que la tibieza que demuestra la Administración educativa andaluza pone aún más en peligro la supervivencia de la asignatura a medio plazo, por el caos organizativo que es cada vez mayor a comienzo de curso, y que desde un  planteamiento simplista puede parecer que es debido a la presencia de esta asignatura en la escuela pública, cuando la realidad es que es debido al inmovilismo de la Consejería al mantener un procedimiento de adjudicación que es el que causa realmente esta lamentable situación.

“El profesorado de Religión, los equipos directivos y los centros educativos necesitan certezas, no más dilaciones. Y la asignatura necesita un procedimiento que no contribuya a deteriorar su presencia en el sistema educativo”, ha reivindicado García, que ha rechazado que se eche la culpa de la situación “a la asignatura de Religión, e incluso a su profesorado, cuando la realidad es que es la principal víctima, junto con los equipos directivos, de la falta de valentía y voluntad real, más allá de las palabras por parte de la Consejería”.

Por último, CSIF Educación Andalucía ha reiterado su disposición al diálogo y al trabajo técnico, pero advierte de que no aceptará que la inacción administrativa vuelva a provocar un inicio de curso marcado por el desorden, la dispersión del profesorado, la pérdida de horas, el deterioro de las condiciones laborales y la sobrecarga organizativa de los institutos andaluces.