CSIF, ANPE, CCOO y UGT exigen la retirada del proyecto de Decreto que regula la atención educativa en zonas vulnerables por la falta de financiación y ausencia de negociación

• Las organizaciones presentan de nuevo una enmienda a la totalidad en el Consejo Escolar de Andalucía y denuncian la inflexibilidad y poca transparencia de la Administración

• Rechazan que la norma se apoye en fondos europeos temporales, así como la inseguridad jurídica que no blinda los recursos humanos y materiales necesarios

• Si no hay rectificación, anuncian movilizaciones para exigir una norma negociada, transparente y con financiación garantizada

CSIF, ANPE, CCOO y UGT rechazan el Proyecto de decreto que regula la atención educativa en centros de Zonas con Necesidades de Transformación Social y las actuaciones dirigidas al alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad. Las cuatro organizaciones sindicales  han presentado una enmienda a la totalidad en el Consejo Escolar de Andalucía por segunda vez, tras haber defendido previamente sus argumentos en la Comisión Permanente de este órgano, y después de que el documento haya pasado también por Mesa Sectorial.

Los sindicatos señalan que este proyecto ha sido largamente debatido y analizado con la Administración educativa andaluza; sin embargo, critican que en la recta final de su tramitación, en la última Mesa Sectorial celebrada el 21 de noviembre, así como en la Comisión permanente del Consejo Escolar de Andalucía, la Consejería ha adoptado una posición inflexible, manteniendo el texto sin incorporar modificaciones de calado y trasladando decisiones prácticamente cerradas con la oposición sindical.  Además, denuncian imposiciones y una falta de transparencia en los datos esenciales solicitados sobre el número de centros, información imprescindible para valorar el impacto del decreto y negociar con garantías.

En primer lugar, CSIF, ANPE, CCOO y UGT sostienen que el decreto debe retirarse  por su modelo de financiación. Consideran inaceptable que una norma que pretende intervenir en centros de alta complejidad se apoye en fondos europeos de carácter temporal, como el FSE+, y, además, quede supeditada a la disponibilidad presupuestaria, tal como recoge la Disposición Adicional Primera. A juicio de las organizaciones, esta arquitectura financiera impide consolidar medidas eficaces y sostenidas en el tiempo y convierte el decreto en un texto sin garantías reales, abocado a quedarse en “papel mojado”.

A esta debilidad estructural se suma, según los sindicatos, una redacción que introduce inseguridad jurídica y no blinda los medios humanos y materiales necesarios para que las actuaciones tengan impacto. Las organizaciones insisten en que atender la vulnerabilidad educativa exige recursos estructurales y consolidados así como una adecuada planificación, no instrumentos normativos dependientes de convocatorias y disponibilidades anuales.

Entre los puntos más críticos, CSIF, ANPE, CCOO y UGT rechazan el sistema previsto para determinar los centros incluidos, al basarse en un listado anual de centros “de difícil desempeño” que pueden introducirse de forma unilateral y variar cada curso. Esta posibilidad, advierten, rompe la estabilidad de los proyectos educativos, dificulta la consolidación de número de efectivos específicos y añade incertidumbre, precisamente para la atención del alumnado más vulnerable. Reclaman transparencia en la cuantificación de los centros a los que afecta los criterios establecidos, así como procedimientos con garantías y participación.

También muestran su oposición al artículo que permite nombramientos anuales de miembros del equipo directivo en comisión de servicios. Entienden que esta fórmula afectará a los procedimientos de movilidad del profesorado al reducir un significativo número de vacantes en estos y perjudica, además, la igualdad de oportunidades y la movilidad del profesorado.

Asimismo, alertan de incoherencias internas del propio texto, como exigir permanencia consecutiva para determinados incentivos mientras la norma permite que la condición del centro cambie de un año para otro, lo que podría interrumpir esa consecutividad por causas ajenas al profesorado y vaciar de sentido el incentivo.

Por todo ello, CSIF, ANPE, CCOO y UGT exigen la retirada del proyecto y la apertura de una negociación real que permita acordar un marco estable, evaluable y dotado. Reclaman una memoria económica completa y un compromiso presupuestario plurianual que garantice refuerzos de plantilla, recursos especializados y continuidad de los programas.

CSIF, ANPE, CCOO y UGT subrayan que el objetivo de mejorar la equidad en los centros más complejos es irrenunciable, pero advierten de que sin recursos estables y sin una negociación real, con imposiciones, y  sin transparencia,  el decreto se quedará en titulares. Si la Consejería no da marcha atrás, las organizaciones anuncian que impulsarán un calendario de movilizaciones para exigir una norma útil, negociada, transparente y con financiación garantizada.