CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer. 

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•    Más prevención efectiva y menos burocracia
•    Más control y sanciones ante el incumplimiento
•    Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•    Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•    Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•    Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•    Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•    Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•    Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•    Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•    Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•    Acceso real a la documentación preventiva.
•    Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•    Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•    Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•    Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•    Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.