ANDALUCIA. CSIF reitera la solicitud de reactivación inmediata en la concesión del teletrabajo

    Desde CSIF, hemos presentado escrito dirigido a la Secretaria General de Servicios Judiciales ante la falta de respuesta de las diferentes Delegaciones Territoriales en la concesión de nuevas autorizaciones de teletrabajo en el ámbito de la Justicia de Andalucía.

     CSIF ya ha presentado diversos recursos contencioso-administrativos frente al silencio administrativo producido ante las solicitudes planteadas, encontrándose muchos de estos procedimientos ya señalados para la celebración de las correspondientes vistas en fechas próximas. Animamos a los compañeros que sigan interponiendo los citados recursos para lo que los servicios jurídicos de CSIF están a su disposición.

     Desde CSIF consideramos absolutamente inaceptable que la Consejería mantenga esta situación de inacción y obligue a los empleados públicos a acudir a los tribunales para obtener una respuesta que debería haberse producido por la propia Administración en tiempo y forma.

     Sería especialmente lamentable que la Consejería permitiera que fueran los órganos judiciales quienes tuvieran que poner de manifiesto, en sus resoluciones, las consecuencias de la falta de respuesta administrativa, la dejación de funciones o cualquier otra actuación que pudiera evidenciar una gestión inadecuada de las solicitudes de teletrabajo. Antes de llegar a ese punto, existe una oportunidad clara para que la Consejería rectifique, dé una respuesta efectiva a las solicitudes pendientes y reactive de una vez por todas el sistema de teletrabajo.

     Esta actuación resulta profundamente preocupante, especialmente en el actual contexto normativo, en el que el teletrabajo no constituye ya una medida excepcional, sino una modalidad ordinaria de prestación de servicios, expresamente reconocida en el artículo 47 bis del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), así como en el Real Decreto-ley 6/2023 y en la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, y por último incluso recomendación de la UE en relación con las medidas adoptar con motivo de la crisis energética actual.

      Durante los últimos años, el teletrabajo se ha consolidado de manera incuestionable en la Administración de Justicia siendo Andalucía uno de los primeros ámbitos territoriales que lo puso en vigor con la pandemia y con ámbito de aplicación a la administración de justicia andaluza, no solo como instrumento esencial para garantizar la continuidad del servicio público en una situación extraordinaria como así se consiguió, sino como una herramienta estructural de organización, que ha demostrado sobradamente su eficacia en términos de productividad, digitalización, racionalización de recursos, conciliación de la vida personal y laboral y mejora del clima de fiscalías y oficinas judiciales. El esfuerzo organizativo para implantar y desarrollar esta modalidad de trabajo, avanzando en procesos de modernización resultarían estériles si se continua con la supresión abrupta en cuanto a las nuevas concesiones de la modalidad de teletrabajo.

     Desde una perspectiva económica, organizativa y medioambiental, la eliminación de esta modalidad también supondría un retroceso laboral de los funcionarios de justicia andaluces respecto al restos de empleados públicos de la Junta de Andalucía, con impacto negativo directo en la eficiencia del servicio público, un aumento innecesario de costes y un abandono de los compromisos asumidos en materia de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono, en línea con los objetivos de la Agenda 2030.

    CSIF quiere recordar que, esta organización sindical ha manifestado reiteradamente su total disposición a negociar una regulación estable, segura y plenamente ajustada a derecho del teletrabajo en la Administración de Justicia, y se encuentra en disposición de hacerlo, debiéndose convocar lo antes posible la Mesa Sectorial para su regulación.

    Por todo lo expuesto, CSIF ha solicitado que se garantice el mantenimiento del teletrabajo, al menos en las condiciones en que se venían prestando con anterioridad al acoplamiento, asegurando la continuidad de las autorizaciones vigentes y la tramitación y concesión temporal de nuevas solicitudes mientras no se apruebe una regulación negociada en la mesa sectorial de negociación.