ANDALUCÍA MESA SECTORIAL. Modificación de las RPTS de Lucena, Cabra y Pozoblanco para la eliminación del complemento de VSM

Desde CSIF hemos rechazado esta medida que se llevara a efecto el proximo 1 de julio, pues lo que no puede ser es que los compañeros de dichos partidos judiciales de Lucena, Cabra y Pozoblanco sigan asumiendo pese a la comarcalización, tácitamente las actuaciones relacionadas con la violencia, con videoconferencias, ordenes de protección, etc, y el premio a esto sea eliminar definitivamente el complemento de violencia. Se debe prorrogar nuevamente al menos 6 meses más

Estas son las consecuencias de un modelo de comarcalización que, lejos de reforzar la protección de las víctimas, amenaza con deteriorar la calidad del servicio público de Justicia y empeorar las condiciones laborales de las plantillas, ya que no se hace la necesaria inversión en recursos humanos y materiales.

Lo que esta Consejería de Justicia vende como una modernización lo que en realidad supone es el alejamiento de la proximidad de la Justicia a la ciudadanía y una nueva vuelta de tuerca a unas plantillas que llevan años soportando déficits estructurales de personal.

La primera gran perjudicada será la víctima, se obliga a muchas mujeres a recorrer mayores distancias para acceder a los órganos judiciales, para declarar, para comparecer ante el juzgado, para asistir a una vista o para realizar cualquier gestión relacionada con procedimientos especialmente sensibles y complejos. Es incomprensible que mientras todas las administraciones hablan de acercar los servicios públicos a la ciudadanía, aquí se opte por exactamente lo contrario: alejar la Justicia de quienes más la necesitan.

Igualmente la Administración concentra en un único órgano el trabajo procedente de varios partidos judiciales sin explicar cómo piensa absorber ese incremento de asuntos ni qué medidas concretas va a adoptar para evitar el colapso.  los procedimientos no se tramitan solos y los funcionarios ahora se ven obligados a asumir cientos de asuntos adicionales sin una ampliación proporcional de efectivos.

Si realmente existe voluntad de mejorar la respuesta judicial frente a la violencia de género, la solución no pasa por concentrar competencias y multiplicar cargas de trabajo.

"No se puede construir una Justicia especializada, alejando a las víctimas y sobrecargando a las plantillas. Si la Administración quiere comarcalizar, primero debe garantizar los recursos. Lo contrario no es una reforma; es trasladar el problema de un despacho a otro y hacer que lo paguen los trabajadores y la ciudadanía."