CÓMITE SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD CELEBRADO EL 29 DE ABRIL 2026

30 de abril de 2026

CÓMITE SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD CELEBRADO EL 29 DE ABRIL  2026

 

En la mañana de ayer se ha celebrado sesión del Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia en Andalucía con los siguientes puntos de orden del día:

  1. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA GLOBAL 2025  Y PROGRAMACIÓN 2026 DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ACTUACIONES PREVENTIVAS QUE SON COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS GENERALES PROVINCIALES.

 

Actualmente persisten vacantes en las plazas de personal de prevención. En la provincia de Jaén no existe ningún técnico, mientras que en Sevilla hay una vacante de las tres plazas existentes. Esta situación evidencia que el sector judicial continúa presentando importantes carencias en materia preventiva.

 

En relación con el nuevo decreto que regulará la estructura preventiva, se ha constituido un grupo de trabajo. La propuesta plantea un cambio significativo: de un modelo en el que cada unidad provincial y cada sector contaban con sus propios técnicos de prevención, se pasará a un sistema centralizado en el que todos los asesores de prevención (excepto los del ámbito sanitario) estarán adscritos a los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. Esto supondrá la creación de un servicio de prevención único para toda la Junta de Andalucía, con la consiguiente desaparición de técnicos propios en cada sector, que pasarán a adscribirse a determinados centros de trabajo.

 

Desde CSIF se manifiesta su desacuerdo con este planteamiento, al considerar que supondrá una pérdida de especialización en cada sector. Se entiende que el ámbito judicial, al igual que el sanitario, presenta múltiples particularidades que requieren personal técnico especializado propio, como ocurre en la actualidad.

 

Asimismo, con la reciente creación del cuerpo específico de prevencionistas, se prevé la extinción de las actuales plazas de prevención. Desde CSIF se considera que esta medida no garantiza el mantenimiento del número actual de técnicos —ya de por sí insuficiente— dedicados a este sector.

Por todo ello, CSIF solicita el traslado previo del texto normativo con el fin de poder formular alegaciones en el trámite de información pública de esta reforma.

 

En materia de vigilancia de la salud, desde CSIF se observa una clara disparidad en la prestación del servicio entre provincias. Se propone la realización de una campaña pública dirigida al personal para fomentar la realización de reconocimientos médicos, competencia de los Centros de Prevención. Resulta especialmente llamativo que en algunas provincias, como Jaén, ni siquiera se haya realizado este reconocimiento al personal médico forense. Instamos desde CSIF que se reactive este asunto en las provincias donde no está funcionando correctamente porque no es lógico la mayoría del personal con muchos años de servicio no se han sometido nunca o solo alguna vez a un reconocimiento médico. Desde la Administración se informa que es competente la Consejería de Empleo y que esa es la cuestión y la falta de recursos humanos para realizarlos.

 

Asimismo, CSIF propone que, tal y como se ha planteado en otros comités, para el personal destinado en Tribunales de Instancia ubicados fuera de las capitales, se establezcan conciertos que permitan realizar los reconocimientos médicos en sus respectivos centros de salud o mediante unidades móviles.

 

Por otro lado, CSIF insiste en la necesidad de reforzar la formación en materia preventiva en todas las provincias, siguiendo el modelo ya iniciado en Sevilla, e insta a la puesta en marcha de una campaña formativa similar en el conjunto de la comunidad autónoma.

 

Finalmente, CSIF solicita la actualización de los planes de emergencia y de las evaluaciones de riesgos, dado que en muchos casos presentan una antigüedad considerable, así como el impulso en la implantación de las Oficinas de Justicia en el Municipio.

 

  1. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS PSICOSOCIALES. REITERACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SOBRE LA NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

 

La implantación de los Tribunales de Instancia en Andalucía ha generado una grave desorganización y sobrecarga en los órganos judiciales, debido a la falta de planificación, recursos suficientes y coordinación efectiva. Esta situación ha provocado problemas técnicos, traslados improvisados, asunción de tareas impropias por parte del personal y un notable deterioro de las condiciones de trabajo.

Como consecuencia, se ha producido un aumento del estrés laboral, desmotivación y sensación de abandono institucional, agravados por deficiencias en infraestructuras, hacinamiento y falta de medios adecuados.

Ante este escenario, desde CSIF se insiste en la urgencia de  realizar una evaluación de los riesgos psicosociales para identificar y corregir los factores que afectan al bienestar del personal. Se insiste en que esta transformación organizativa debe llevarse a cabo con una adecuada planificación, dotación de recursos y apoyo a los trabajadores, garantizando su salud y la calidad del servicio público.

 

  1. ESTADO DE ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA EN LAS SEDES JUDICIALES.

 

La implantación de los planes de emergencia constituye un objetivo prioritario. Esta actuación ya se ha llevado a cabo con éxito en Málaga y Marbella. En esta línea, se prevé continuar su desarrollo progresivo en distintas provincias, con próximas implantaciones previstas en localidades como Torremolinos, Coria del Río y San Fernando.

 

 

  1. ACTUALIZACIÓN DE TRABAJOS CON RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN IS-47, DE 9 DE ABRIL DE 2025, DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, POR LA QUE SE APRUEBA EL LISTADO DE TÉRMINOS MUNICIPALES DE ACTUACIÓN PRIORITARIA CONTRA EL RADÓN EN SEDES JUDICIALES, FISCALES E INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL.

 

Se han iniciado las mediciones en la provincia de Granada, donde actualmente se está a la espera del informe correspondiente tras su finalización.

 

En Córdoba, las mediciones se están realizando en estos momentos y se prevé que continúen hasta mediados de mayo, tras lo cual también se emitirá el informe técnico.

En cuanto a Sevilla, las mediciones se llevarán a cabo en otoño, ya que no es posible realizarlas durante el periodo estival debido a las elevadas temperaturas.

 

  1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ANEXO IV INFORME DE ADAPTACIÓN/LIMITACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DEL PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA F-P-VS 02-03 Y DEL ANEXO IV APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL PROCEDIMIENTO F-P-EP 01-04.

 

  1. RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

Por parte de CSIF se plantean entre otras las siguientes cuestiones:

 

    1.  DESFIBRILADORES Y CURSOS PARA SU MANEJO

En muchas sedes judiciales no se cuenta con la presencia de desfibrilador público. Esta carencia en entornos públicos o privados aumenta significativamente el riesgo de muerte en caso de una parada cardiorrespiratoria repentina. Desde CSIF reiteramos la petición de instalación de los mismos así como la impartición al personal  de curso sobre su manejo.

    1. PROPUESTA SOBRE MEDIDAS A FIN QUE  TODAS LAS OBRAS DE REFORMA, MANTENIMIENTO Y MEJORA QUE SE LLEVEN A CABO EN LAS SEDES JUDICIALES SE REALICEN, CON CARÁCTER GENERAL, FUERA DEL HORARIO DE ACTIVIDAD JUDICIAL.

 

Esta medida se fundamenta en las continuas molestias que dichos trabajos ocasionan tanto al personal funcionario como a los usuarios del servicio público. Entre dichas molestias se incluyen ruidos, interrupciones en la atención al público, limitaciones de acceso a dependencias y posibles riesgos para la salud derivados de determinados materiales o actuaciones, como últimos ejemplos Edificio Judicial del Tribunal de Instancia de Fuengirola sito en Calle Párroco o sede RC de Sanlucar la Mayor. Desde CSIF se insta a que se tomen las medidas oportunas para evitar estas incidencias con planificación previa, reubicación de puestos de trabajo y realización de obras fuera del horario laboral.

 

 

    1. PROPUESTA  DE IMPLANTACIÓN DE CURSO DE MINDFULLNES EN TODAS LAS SEDES JUDICIALES. REITERACIÓN DE PETICIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN.

La reciente implantación de los Tribunales de Instancia ha supuesto un cambio estructural de gran magnitud en la organización judicial, con un impacto significativo en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia. Este proceso de transformación ha conllevado un incremento de la carga laboral, adaptación a nueva organización y una elevada incertidumbre y estrés para el personal, por las carencias con las que se ha realizado el cambio y  el desconocimiento y la falta de previsión que seguirá perdurando

En este contexto, resulta imprescindible no solo realizar una evaluación rigurosa de los riesgos psicosociales como ha solicitado CSIF, sino también adoptar medidas preventivas y correctoras eficaces que contribuyan a preservar la salud mental , bienestar del personal e incluso a evitar conflictos entre el mismo que se han venido acrecentando con los últimos cambios mejorando el clima laboral.

Por ello, se propone la implantación de cursos de Mindfulness en todas las sedes judiciales como medida necesaria y complementaria a la evaluación de riesgos psicosociales.

 

    1. REITERACIÓN DE PETICIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN

 

Desde CSIF formulamos reiteración de petición de formación básica obligatoria en materia de prevención, que precisamente se está llevando a cabo en la provincia de Sevilla desde el pasado dia 6 d abril y que debe extenderse a todas las provincias andaluzas.

 

    1. REVISIÓN PORMENORIZADA POR SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LAS REUBICACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DERIVADAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS  TRIBUNALES DE INSTANCIA

 

La implantación de los Tribunales de Instancia está conllevando, en numerosas sedes judiciales, procesos de reubicación de puestos de trabajo que afectan de manera directa a las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Por CSIF se  considera imprescindible que dichas reubicaciones sean objeto de una revisión pormenorizada y total por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en cada provincia, dado que, en muchos casos, se están llevando a cabo sin el cumplimiento de las garantías mínimas exigibles en materia preventiva y organizativa, careciendo  de planificación, organización y respeto hacia el personal funcionario.

En particular, se han detectado entre otras las siguientes deficiencias:

  • Ausencia de información previa a los delegados y delegadas de prevención, vulnerando los principios de participación y consulta en materia de prevención de riesgos laborales.
  • Falta de comunicación anticipada al personal afectado, generando situaciones de incertidumbre, estrés y ansiedad.
  • Reubicaciones realizadas sin la adecuada planificación, lo que evidencia una falta de respeto hacia las condiciones profesionales y personales del personal.
  • Puestos de trabajo que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, ergonomía y funcionalidad, careciendo en ocasiones de los medios materiales necesarios para el correcto desempeño de las funciones.

 

 

Finalmente hacer constar que desde  CSIF se solicitó, como siempre,  la presencia de la Secretaría General De Infraestructuras Judiciales en la convocatoria del Comité De Seguridad Y Salud. La participación de dicho órgano resulta especialmente relevante, dado que las actuaciones en materia de infraestructuras (obras, reformas, mantenimiento y acondicionamiento de sedes judiciales) están directamente relacionadas con la prevención de riesgos laborales y ante la falta de convocatoria por esa secretaría y la carencias gravísimas que sufre nuestro sector, resulta imprescindible como decimos  su presencia . Nos informan que en fecha próxima (adelantan que previsiblemente el 6 de mayo) tendremos una nueva sesión únicamente destinada a temas de infraestructuras judiciales. Desde CSIF denunciaremos una vez más  la precaria situación que vive nuestro sector, con sedes ruinosas, falta de mínimos medios  materiales, técnicos y tecnológicos, y dejadez absoluta por la Administración.

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