ANDALUCIA. CSIF logra importantes mejoras en la Fase II (Torremolinos, Fuengirola y Marbella) del despliegue de la Oficina Judicial tras rechazar inicialmente la propuesta por no incluir la creación de equipos

Aunque la Administración dio por concluida la negociación de la Fase II en la Mesa Sectorial celebrada el pasado 24 de abril, considerando incorporadas parcialmente las alegaciones de CSIF —especialmente en lo relativo al incremento neto de personal genérico, personal de violencia sobre la mujer (VSM) y jefaturas compatibles con el Código de Guardia—, nuestra organización no pudo respaldar la propuesta en ese momento por una razón fundamental: la ausencia de creación de equipos, cuestión que para CSIF constituía una línea roja irrenunciable.

En concreto, las mejoras inicialmente aceptadas por la Administración fueron:

• Aumento de Jefaturas en los partidos judiciales de Torremolinos, Fuengirola y Marbella.
• Incremento de personal en Marbella de:
  • 1 Gestor Procesal genérico no diferenciado
  • 1 Gestor Procesal genérico diferenciado VSM
  • 1 Tramitador Procesal genérico diferenciado VSM
• 1 Tramitador Procesal para Mijas
• 1 Tramitador Procesal para Benalmádena

Pese a ello, desde CSIF consideramos que estos avances eran insuficientes sin la estructuración en equipos de trabajo, imprescindibles para una correcta organización, coordinación y gestión de la carga de trabajo. Por ello, expresamos de forma clara nuestra negativa a apoyar las RPTs de esta fase mientras no se subsanara dicha carencia.

Tras la firmeza de nuestra posición y las reiteradas peticiones formuladas por CSIF, la Administración ha reconsiderado su postura inicial y ha accedido finalmente a incorporar equipos de trabajo en esta fase, configurando uno en el ámbito Civil y otro en el Penal.

Con esta rectificación, y una vez incluida esta petición clave, CSIF ha podido otorgar en la Mesa Sectorial su apoyo a las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) de la Fase II, al entender que se avanza hacia un modelo más coherente, funcional y adaptado a las necesidades reales de los órganos judiciales.