CSIF-A valora los avances para actuar contra las agresiones al personal del SAS y contar con un régimen sancionador

• El sindicato recuerda que lleva desde marzo de 2020 reclamando cambios normativos y pide reforzar la prevención con más medios humanos y materiales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha valorado positivamente los avances presentados por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias para actuar contra las agresiones al personal de la sanidad pública andaluza y contar con un régimen sancionador, una medida que lleva años pendiente.

El sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha calificado de “muy buena noticia” que el inicio de la tramitación del Decreto Ley que regulará la violencia contra el personal del SAS sea “de carácter inminente”, tal y como ha trasladado el consejero Antonio Sanz en la reunión del Observatorio de Agresiones celebrada este lunes, 9 de noviembre. Con este avance normativo se da respuesta a una reivindicación histórica del sindicato.

Asimismo, para el sindicato resulta “de vital importancia que, por fin, se haya incluido a las organizaciones sindicales y se las haga partícipes en todos los foros relacionados con esta preocupante realidad que viven nuestros profesionales”, refiriéndose tanto al mencionado Observatorio como a las mesas técnicas, los comités de seguridad y salud, y, ahora también, en los grupos de trabajo que se han creado recientemente en las delegaciones provinciales de la Consejería.

“El papel de los sindicatos es esencial para, entre todos, poder colaborar y hacer aportaciones reales con el objetivo de contar con centros sanitarios seguros, puesto que somos representantes de los trabajadores y conocedores de primera mano de los casos de agresiones que, desgraciadamente, aumentan cada año”, ha señalado CSIF.

En concreto, según datos oficiales, en 2025 se registraron 1.976 agresiones a profesionales en los distintos centros sanitarios de la comunidad, 1.589 de ellas de carácter físico y 387 de carácter no físico. La tendencia al alza de las cifras se repite en los últimos años, pues en 2024 se registraron 1.866; en 2023, 1.564; en 2022, 1.494; en 2021, 1.208; y en 2020, 1.043.

         “Son años de promesas incumplidas, puesto que fue a finales de 2023 cuando la entonces consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunció un régimen sancionador y medios de protección para los profesionales, quienes se merecen esta y otras medidas que, a partir de ahora y a través del trabajo en los distintos foros, pueden pasar de ser solo palabras a convertirse en hechos”, ha señalado el sindicato. En este contexto, CSIF ha recordado que ya en marzo de 2020, la organización registró una propuesta dirigida a la Consejería en la que planteaba modificaciones a la Ley 16/2011.

Más medios humanos y materiales    

El sindicato, que ha mostrado su plena colaboración para atajar de lleno las agresiones contra el personal de la sanidad, ha indicado que “la violencia se ha convertido en uno de los problemas más graves que afronta actualmente el sistema público, motivo por el que es absolutamente necesaria la adopción de medidas que incluyan aspectos normativos, organizativos y presupuestarios para abordar una situación que es una prioridad en materia de seguridad laboral y calidad asistencial”. Para CSIF, cada agresión constituye “un ataque directo contra quienes trabajan cada día cuidando de la salud de la ciudadanía y, por ello, no podemos normalizar que la violencia forme parte del desempeño profesional”.

Asimismo, CSIF ha solicitado una mayor dotación de medios humanos y materiales, incluyendo profesionales suficientes en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales, con sustituciones ágiles para poder reforzar eficazmente la prevención.

De igual manera, el sindicato ha reclamado que se impulsen campañas de sensibilización y tolerancia cero frente a las agresiones, orientadas a toda la ciudadanía y que promuevan el respeto hacia los profesionales de la sanidad pública. También ha pedido a la Administración que inste a otras consejerías a adoptar medidas para proteger y garantizar la seguridad de todo el personal del ámbito sociosanitario.