CSIF rechaza la falta de transparencia y de financiación estable para la atención educativa en zonas vulnerables y alerta de los riesgos para la movilidad del profesorado andaluz

• El sindicato señala que el nuevo Decreto de Zonas de Transformación Social mantiene importantes incertidumbres sobre su aplicación y reclama más recursos que sean consolidables
• Critica que la Consejería introdujera medidas de última hora sin consenso y con imposiciones a pesar de las posibles consecuencias para las plantillas docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza, ha mostrado su preocupación tras la publicación del Decreto por el que se regula la atención educativa en centros sostenidos con fondos públicos ubicados en zonas con necesidades de transformación social (ZNTS) al considerar que el texto definitivo confirma buena parte de las advertencias que la organización planteó durante su tramitación.

El sindicato ha señalado que el decreto publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “mantiene importantes sombras relacionadas con la transparencia en la aplicación de determinados criterios y con la estabilidad de la financiación prevista”, al tiempo que ha alertado de “las posibles consecuencias para los derechos y la movilidad del profesorado”.

“La atención educativa al alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad es una prioridad que CSIF siempre ha defendido y por la que nos hemos movilizado, pero precisamente por la importancia de la cuestión no podemos conformarnos con anuncios y titulares. Las medidas deben ir acompañadas de garantías de financiación suficiente y de absoluta transparencia en su aplicación”, ha explicado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

En materia económica, CSIF ha resaltado que la propia norma condiciona buena parte de las actuaciones a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio y otra parte relevante de la financiación anunciada se vincula a fondos europeos. “Las políticas destinadas a compensar desigualdades educativas no pueden depender de recursos coyunturales. Hablamos de una necesidad estructural que requiere un compromiso presupuestario sólido y permanente. Por eso CSIF reclama una financiación estable, propia y plurianual por parte de la Junta de Andalucía”, ha afirmado García.

Otro de los aspectos rechazados por la Central Sindical es la incorporación de un criterio relacionado con la permanencia efectiva del profesorado inferior al 30 % para determinar qué centros podrán ser considerados de especial dificultad. “La Administración no ha explicado de forma suficiente como se aplicará ese criterio, qué datos se tendrán en cuenta ni cuántos centros podrían verse afectados, lo que genera serias dudas sobre la objetividad del procedimiento. La transparencia exige que los criterios sean claros, públicos y verificables”, ha denunciado García.

Del mismo modo, el sindicato ha mostrado su desacuerdo con la posibilidad de cubrir determinados puestos directivos mediante comisiones de servicio en estos centros. Esta medida puede reducir vacantes disponibles para otros procedimientos de provisión, limitar las opciones de movilidad del profesorado e introducir elementos de discrecionalidad que no contribuyen a la estabilidad de las plantillas.

En este sentido, García ha exigido implementar mejoras para los equipos directivos que precisan de más recursos personales, mejora de sus condicionales laborales, reconocimiento profesional y no inventos administrativos de escasa efectividad, pero con efectos muy negativos sobre la oferta de vacantes y derechos el profesorado. “Fortalecer la dirección de los centros pasa por contar con más recursos, más apoyo y mejores condiciones laborales, y no por optar por fórmulas que puedan reducir vacantes o generar incertidumbre”, ha explicado la dirigente sindical.

Por otro lado, ha aclarado que el mantenimiento de los 414 cupos vinculados a compensatoria y difícil desempeño no responde a una concesión de la Administración, sino que es fruto de la presión de CSIF desde un principio frente a un modelo que, en sus primeras versiones, eliminaba los recursos existentes y suprimía al profesorado afectado.

CSIF ha reiterado su compromiso con la mejora de la atención educativa en las zonas con necesidades de transformación social y ha subrayado que esto solo será posible con recursos suficientes y estables, una gestión transparente y el respeto a los derechos del profesorado. “El alumnado vulnerable merece una respuesta seria y el profesorado precisa de respecto a sus derechos y una negociación real de las medidas que afectan a su labor profesional”, ha concluido García.