CSIF exige reformas y mejoras urgentes para la Atención a la Diversidad en los centros educativos de Andalucía

  • Prensa y Comunicación

26 de febrero de 2026

  • El sindicato mantiene un encuentro bilateral con la Administración para abordar el progresivo deterioro en los últimos años y la necesidad de contar con normativa más unificada, clara y actualizada
  • Exige una dotación suficiente de recursos humanos, que no crece al ritmo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha exigido a la Junta de Andalucía reformas y medidas urgentes ante el progresivo deterioro de la Atención a la Diversidad en los centros educativos de la comunidad en los últimos años.

En un encuentro bilateral mantenido recientemente con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tras la petición formal de CSIF hace unas semanas para mantener una reunión monográfica sobre el tema, el sindicato ha trasladado a la Administración la necesidad de abordar de manera inmediata la situación de la atención a la diversidad, de los equipos de Orientación Educativa (EOE) y del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha expresado que “urge reforzar la adopción de medidas estructurales que garanticen una atención educativa real y sostenible en beneficio del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de los profesionales que trabajan con ellos”.

En cuanto al incremento de plantillas, CSIF ha puesto de manifiesto el crecimiento desigual entre el alumnado NEAE y los recursos humanos disponibles. Si el alumnado con estas necesidades se ha incrementado en un 26,08 % desde el curso 2019/2020 al 2024/2025, el profesorado especialista en Orientación Educativa ha crecido un 7,75 %; el de Pedagogía Terapéutica, un 11,83 %, y el de Audición y Lenguaje, un 22,42 %. “Este crecimiento desigual se traduce en sobrecarga y frustración para los profesionales y en pérdida de calidad en la intervención”, ha explicado la dirigente sindical.

De igual manera, CSIF considera necesario establecer ratios máximas, garantizar criterios homogéneos en las ocho delegaciones territoriales, suprimir la figura del especialista compartido entre centros, o regular de manera estable la coordinación interadministrativa con servicios sociales y sanitarios, entre otros aspectos.

 En este sentido, como peticiones específicas para el profesorado PT y AL, la Central Sindical aboga por establecer “una ratio de entre 12 y 15 alumnos por profesional, con desarrollo normativo que impida que haya trabajadores que atiendan a más de 40 alumnos con necesidades de apoyo educativo”.

En relación a los profesionales de Orientación Educativa de Institutos y Equipos de Orientación Educativa (EOE), CSIF ha solicitado fijar por norma una ratio máxima de 250 alumnos por profesional, “ya que actualmente existen casos de orientadores que atienden a cerca de 1.000 alumnos, en un mismo centro, o bien distribuidos en varios centros. El sindicato también ha reclamado una regulación clara y homogénea de funciones y condiciones laborales como horario lectivo, organización interna o aplicación del teletrabajo que legalmente les corresponde, así como transparencia en la asignación de efectivos, mejoras retributivas de la coordinación de EOE y mayor reconocimiento profesional.

La Central Sindical valora positivamente que, en la reunión mantenida, la Administración se haya mostrado receptiva a los planteamientos de CSIF y que se haya comprometido a realizar un análisis de la normativa con el objetivo de unificarla y dotarla de mayor coherencia y claridad, ya que actualmente es muy dispersa, dado que conviven cinco reales decretos estatales y más de cincuenta disposiciones autonómicas, algunas con más de treinta años de antigüedad, que en ocasiones se solapan o incluso se contradicen.

Desde CSIF “reiteramos que la Atención a la Diversidad no puede seguir siendo una declaración de intenciones, sino que es imprescindible una reforma normativa integral acompañada de financiación suficiente y estabilidad estructural de las plantillas”, ha concluido García.

 

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