CSIF centrará la defensa de los afectados por la reforma del régimen de movilidad de la Policía Local en la Comunidad Valenciana en la jurisdicción contencioso-administrativa

Desde CSIF queremos informar de que vistas las respuestas del Defensor del Pueblo a las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones introducidas por la Ley 5/2026, de 31 de julio, en el régimen de movilidad de los funcionarios de los cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana, el Defensor del Pueblo ha decidido no interponer el recurso solicitado, argumentando que el Gobierno de España ya ha promovido la impugnación de determinados preceptos de la misma ley autonómica.
Debemos recordar que la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de una ley no supone que el Tribunal Constitucional vaya a examinar de oficio todas las disposiciones de dicha norma. Aunque excepcionalmente puede extender su pronunciamiento a otros preceptos por conexión o consecuencia, esta posibilidad no garantiza que se analicen las modificaciones que afectan a la movilidad policial si no han sido expresamente impugnadas.
En consecuencia, y salvo que se confirme que dichas modificaciones están incluidas en el recurso promovido por el Gobierno, la vía de defensa de los funcionarios afectados deberá centrarse en la jurisdicción contencioso-administrativa.
En particular, a partir de febrero de 2027, cuando comience a desplegar sus consecuencias la disposición transitoria que obliga a optar entre la plaza de origen y la de destino, los funcionarios que resulten directamente afectados por una resolución administrativa podrán acudir a los tribunales para impugnarla.
En dichos procedimientos, CSIF defenderá la posible contradicción de la normativa autonómica con la legislación básica estatal y promoverá que los órganos judiciales valoren el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 163 de la Constitución Española.
Debe precisarse que corresponde exclusivamente al órgano judicial decidir si procede plantear dicha cuestión, cuando considere que la norma aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución.
CSIF continuará defendiendo los derechos de los policías locales afectados por esta reforma y pone a disposición de todos sus afiliados los servicios jurídicos del sindicato, para estudiar individualmente cada situación y ejercer las acciones judiciales que resulten procedentes.