Más de 50.000 empleados públicos de la Junta en Málaga se quedan sin ayudas de Acción Social un año más

CSIF reprocha a la Administración su falta de voluntad para retomar estas prestaciones, que dejaron de concederse hace más de una década, que sirven para atender situaciones de necesidad personal o familiar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en la Administración pública y con presencia creciente en la empresa privada, denuncia que as empleadas y los empleados públicos dependientes de la Junta de Andalucía vuelven a quedarse un año más sin ayudas de Acción Social debido a la falta de consignación presupuestaria para las mismas en 2023, salvo en el caso de las destinadas a personas con discapacidad.

Ello pone de relieve “la falta de voluntad de la Junta de Andalucía para retomarlas” después de que dejaran de concederse hace más de una década, concretamente en 2011. Se ven afectados por esta situación alrededor de 50.300 trabajadores de la Administración autonómica en la provincia de Málaga, incluyendo al personal de Educación, Sanidad y Administración de Justicia.

Para la central sindical, la Junta se escuda en limitaciones de carácter legal que afectan a aquellas comunidades que incumplen el déficit de gasto, entre las que no se encuentra Andalucía, pero en el fondo, esta dilación responde a su falta de voluntad política por retomar estas ayudas y, por lo tanto, su falta de prioridad presupuestaria para dar cobertura a estas prestaciones.

Estas ayudas de Acción Social posibilitan, entre otras cuestiones, una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario.

CSIF señala que, tanto durante las negociaciones llevadas a cabo en Mesa General, como en las reuniones o conversaciones mantenidas a lo largo del pasado año con distintos responsables de la Administración, ésta ha mareado la perdiz con el objetivo de que no diera tiempo poner en marcha de nuevo las ayudas de Acción Social en 2023, como finalmente ha ocurrido.

El resultado es que el Gobierno de la Junta sigue incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, en el que se recogía la recuperación de las ayudas de Acción Social, y que un año más los empleados y empleadas públicas que dependen de la Administración autonómica se ven privados de la posibilidad de optar a estas ayudas, a las que en el último ejercicio en el que fueron concedidas se destinaron en torno a 35 millones de euros.

A juicio de CSIF, la Administración ha estado haciendo el paripé para conseguir el que era su objetivo, lo que vuelve a dejar a sus empleados públicos sin ayudas de acción social después de más de diez año sin ellas. Otras comunidades autónomas sí han recuperado ya dichas ayudas, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

La central sindical advierte de que seguirá trabajando y reivindicando la puesta en marcha de nuevo de estas ayudas, que son esenciales para los empleados y empleadas públicas de la comunidad andaluza y que adquieren aún más relevancia en un periodo de problemas económicos para las familias como el que vivimos.