CSIF pide a la Junta que extienda la instalación de purificadores de aire en todas las aulas cordobesas y que facilite mascarillas FFP2 al conjunto del profesorado

CSIF reclama a la Consejería de Educación y Deporte que extienda la instalación de purificadores y medidores de la calidad del aire en las aulas de todos los centros educativos públicos, facilite mascarillas FFP2 al conjunto del profesorado y realice test de antígenos semanalmente. Con esta batería de medidas, que aún no ha tomado la Administración educativa andaluza, se daría cumplimiento al deber del empresario de protección de los trabajadores recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El sindicato lleva más de un año reclamando que la Junta provea de medidores de la calidad del aire y de purificadores y los haga extensibles a todos los centros educativos públicos andaluces. “A raíz de la campaña iniciada por CSIF hace un año bajo el lema #CSIFxAulaSegura, hubo corporaciones locales que respondieron positivamente y adquirieron este tipo de aparatos. Pero esta cuestión no puede dejarse al arbitrio o voluntariedad de unos y otros, sino que debe tratarse de medidas generalizadas y universales de protección en todos y cada uno de los centros frente a la Covid-19”, argumenta la responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García

Esta representante sindical lamenta además que, “ante las consultas realizadas por los equipos directivos para su adquisición, desde la Delegaciones Territorial de Educación se han puesto todas las reticencias y obstáculos posibles para que los citados aparatos, cuya eficacia ha sido constatada científicamente, se adquirieran y sufraguen a iniciativa de las asociaciones de madres y padres, o bien a cargo de los gastos de funcionamiento de los propios centros”.

La central sindical entiende que “la prevención en el actual contexto pandémico debe contemplarse como una inversión y no un gasto superfluo, por lo que exigimos los medios materiales necesarios para que verdaderamente sea una realidad el mantra de que los centros educativos son espacios seguros, porque a día de hoy los recursos que serían necesarios para ello son insuficientes”.

CSIF Educación Córdoba asegura que los profesionales se sienten “vendidos” y “abandonados” por parte de la Administración, que “ante una situación en la que hay alumnado y profesorado positivo cada día por una variante mucho más contagiosa no haya tomado más medidas efectivas e intensificado la seguridad a través de medios materiales de probada eficacia, y con los que las aulas y los docentes no cuentan en muchísimos casos”. “Es curioso que en muchos edificios u oficinas de la Administración pública se encuentran actualmente de forma habitual purificadores de aire, por lo que desde CSIF exigimos que se extiendan y universalicen en los centros escolares”, explica García.

Para el sindicato, “el coste económico no puede ser un obstáculo para dotar de mayores garantías de seguridad a los centros educativos”. Asimismo, exige el suministro generalizado de mascarillas FFP2 o FFP3, cuya mayor eficacia en la protección contra la propagación del virus entre las personas en espacios cerrados también ha quedado demostrada científicamente”. Del mismo modo, CSIF reclama la realización de test entre alumnado y profesorado con periodicidad semanal como medida preventiva y de contención del virus.

Sin embargo, “la provisión de medios materiales por parte de la Consejería se ha centrado hasta ahora en cartelería informativa, geles y mascarillas quirúrgicas”, por lo que CSIF Educación Córdoba la insta a cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y “a dar un paso al frente dotando de estos medios materiales a los centros educativos públicos, como ya han hecho otras comunidades autónomas, que está siendo más proactivas y están facilitando los citados medios que se ha demostrado científicamente que funcionan como medidas de seguridad frente al virus”, subraya García.

“En suma: La Consejería puede y debe, por Ley, hacer más de lo que hace en cuanto a dotación de medios materiales para prevenir y proveer de unas mayores garantías de seguridad a los centros educativos públicos, concretamente a través de purificadores y medidores de la calidad del aire, mascarillas de protección FFP2 o FFP3 para el profesorado y test periódicos en los colegios y en los institutos”, concluye la responsable sindical.