CSIF plantea al resto de sindicatos un calendario conjunto de movilizaciones
- Función Pública incumple el IV Convenio Único del Personal Laboral: 40.000 personas pendientes de su subida hasta que haya unos nuevos presupuestos
- El Gobierno pone en peligro futuras negociaciones congelando las retribuciones del personal laboral
13 de Julio de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), propondrá al resto de sindicatos un calendario de movilizaciones ante el incumplimiento por parte del Gobierno del IV Convenio Único del Personal Laboral de la AGE.

Este acuerdo, suscrito el pasado 4 de marzo de 2019, afecta a cerca de 40.000 personas. El documento contempla un nuevo encuadramiento legal de sus funciones y lleva aparejada una subida salarial anual, según los cálculos de CSIF, en una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019. Pues bien, el Ministerio de Función Pública y Politica Territorial nos dice ahora que esta subida, pese a estar cuantificada y autorizada por el Ministerio de Hacienda, no se podrá llevar a cabo hasta que no vean la luz los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Hasta hoy mismo, CSIF ha estado en contacto con el Ministerio para que reconsidere su postura. Ya nos hemos cansado de esperar. En nuestra opinión, ante las evidentes dificultades que supondrá acordar unos próximos presupuestos, CSIF entiende que el Gobierno vuelve a situar a los/as empleados públicos como rehenes del acuerdo político.

A la vista de que la Administración sigue sin dar una solución definitiva al encuadramiento y al abono de los atrasos con efectos 1 de enero de 2019, dilatando su abono “sine die” y condicionándolo a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, CSIF considera que ha llegado el momento de dar una respuesta conjunta y contundente en defensa de los derechos de las plantillas.

Para CSIF la posición actual de la Administración de “escudarse” en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, supone una deslealtad con el Personal Laboral y una gran injusticia que deja palpable una vez más la desconsideración que la Administración tiene con este colectivo y el desprecio absoluto a la negociación colectiva.

Además, para CSIF, este incumplimiento del IV Convenio Único pone en riesgo la negociación colectiva y supone una pérdida total de la confianza necesaria para abordar cualquier negociación haciendo peligrar la posibilidad de llegar a futuros acuerdos a lo largo de la presente legislatura.

En la reunión mantenida con la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el pasado 2 de julio, CSIF ya señaló diferentes problemas que se deben afrontar cuanto antes para fortalecer nuestras administraciones públicas y garantizar la reconstrucción del país tras los efectos del coronavirus.

De entrada, hace falta un refuerzo urgente de las plantillas en diferentes ámbitos que dependen tanto del Gobierno (Seguridad Social, SEPE, Prisiones, Justicia) como de las Comunidades Autónomas (Sanidad, Asuntos Sociales, Educación) y que requieren del impulso y coordinación del Ejecutivo.

Además, nos encontramos con que la temporalidad en las Adm. Públicas se sitúa en la cifra récord del 27,8 por ciento (cifras EPA). Según datos de CSIF, el 64 por ciento de las ofertas de empleo público aprobadas desde 2017 están sin ejecutar.

CSIF es un sindicato negociador y ha trasladado la firme voluntad de alcanzar un nuevo acuerdo de legislatura de aquí a septiembre en ámbitos como la lucha de la temporalidad, el desarrollo del teletrabajo, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Pero el incumplimiento de los acuerdos con el personal laboral es la peor manera de comenzar

CSIF reivindicará que este acuerdo de legislatura contemple, entre otros:

  • Recuperación de la estructura salarial previa a 2010 y que equipare las retribuciones entre administraciones (pedimos al Ministerio que inste al conjunto de las adm. a que ejecuten la subida pendiente del 2 por ciento, entre otros). Los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 desde 2010.
  • Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.
  • Establecimiento de las 35 horas en el conjunto de las administraciones públicas.
  • Reconocimiento del Covid como enfermedad profesional.
  • Jubilación parcial y anticipada de determinados colectivos.
  • Mantenimiento del sistema de clases pasivas y adecuación de los haberes reguladores.
  • Desarrollo de la bolsa de horas para conciliación.