CSIF denuncia la puesta en marcha de un plan de actuación en materia de discapacidad sin negociación previa
CSIF ha denunciado la vulneración del derecho de negociación colectiva y se ha dirigido por escrito al Ministerio de Justicia exigiendo la convocatoria urgente de la mesa de negociación con traslado de toda la documentación relativa a este asunto.

En el plan de actuación se dice que se ha sometido la propuesta a valoración de los sindicatos lo cual es radicalmente falso. No sabemos si el CGPJ actúa por su cuenta o si alguien le ha dicho que se ha negociado este asunto cuando sabiendo que no es cierto.
22 de Febrero de 2022

Según comunicación del CGPJ a la que hemos tenido acceso, hoy, 22 de febrero, termina el plazo para que Jueces y Magistrados se acojan al plan de actuación que pretende implementar medidas para dar cumplimiento a lo previsto en la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 8/2021 de 2 de Junio por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las Personas con Discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en esta primera fase, tiene previsto extender su vigencia hasta el próximo día 30 de junio de 2022, según Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

El precepto arriba indicado, establece la obligación de revisar en el plazo de tres años desde su entrada en vigor, o en uno si la misma se solicita por persona con interés legítimo en el procedimiento, todas las medidas sobre la capacidad de las personas adoptadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley (4 de septiembre de 2021).

Es el mismo Consejo, el que reconoce, que esta “imprescindible revisión no puede dejar de suponer un incremento de la labor de todos los órganos con competencia en materia de capacidad de las personas, que no en pocos casos ya se encontraban operando por encima de la carga de trabajo adecuada…” .

En este sentido, desde CSIF mostramos extrañeza, cuando no indignación, al observar que según la comunicación del CGPJ, estas medidas han sido fijadas en colaboración entre otras de las CCAA con competencias transferidas, además de recibidas y valoradas las observaciones de las representaciones sindicales. Esto último no es cierto.

En CSIF, al menos, no nos consta comunicación alguna, ni traslado de medidas propuestas para su valoración (sic) ni mucho menos para proceder a la preceptiva negociación de las mismas. Ante esta situación cabe preguntarse si el CGPJ actúa por su cuenta y no dice la verdad o si, alguien en el Ministerio, le ha contado al CGPJ algo que no es cierto, que el plan de actuación se va a aplicar a todas las plantillas de los órganos afectados y que ya se ha negociado este asunto con los sindicatos.

Para CSIF, no cabe un plan de actuación de este tipo si el trabajo lo hacen todos, pero luego lo cobran sólo algunos y mucho menos cuando no se ha tenido la más mínima decencia de comunicar la existencia de este plan a la representación de los trabajadores de Justicia ni se ha trasladado la documentación para negociar, como es preceptivo, la implantación de dicho plan.

CSIF exige al Ministerio y a las CCAA, por su cuenta o en co-gobernanza, nos da igual, que convoquen dicha reunión de negociación con traslado de la documentación necesaria para establecer unos objetivos realistas, no como los del fallido plan de los juzgados de lo social y mercantiles de la pandemia.

En todo caso, nos reservamos cuantas acciones legales y sindicales estimemos oportunas para reaccionar ante tal atropello a los derechos fundamentales de los funcionarios/as de Justicia.