CSIF demanda a Función Pública por su inactividad: incumple su obligación legal en el desarrollo del teletrabajo y otras medidas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha presentado una demanda de recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualmente Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) por el retraso acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).

CSIF denuncia que el teletrabajo, como modalidad de trabajo a distancia en el ámbito de la Administración Pública se creó mediante real decreto en 2020 como consecuencia de la crisis del COVID-19, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público, y fijaba un plazo de seis meses para adaptar la normativa en las distintas administraciones públicas. En este sentido, denunciamos que no se han producido avances, por lo que emplazamos al TSJM a que condene a Función Pública por inactividad y le obligue a regular el teletrabajo en la AGE, culminando el desarrollo reglamentario del real decreto en el ámbito de sus competencias.

CSIF lleva años reivindicando la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado. Tras la aprobación del real decreto en 2020, CSIF firmó en abril de 2021 el acuerdo por el que se desarrollaba el teletrabajo en la Administración General del Estado, y en diciembre de ese mismo año presentó sus alegaciones a la norma durante la fase de consulta pública, que culminó en enero de 2022.

CSIF volvió a exigir ese mismo año a Función Pública que cumpliera lo recogido en el real decreto y, ante la ausencia de respuesta, presentamos la primera reclamación administrativa por inactividad a finales de 2022. Posteriormente, en febrero de 2023 volvimos a presentar un anuncio de recurso contencioso administrativo que fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que y emplazó al Ministerio de Hacienda y Función Pública a remitir en un plazo de 20 días el expediente administrativo para formalizar dicha demanda. Finalmente, dicho expediente fue remitido al TSJM en mayo de este año, más de dos años después, por lo que CSIF ha procedido a formalizar dicha demanda.

Por último, CSIF recuerda que Función Pública está haciendo dejación de funciones en el desarrollo de cuestiones fundamentales para las condiciones laborales de las/os empleados públicos; no sólo hablamos del teletrabajo, sino también de normas sobre la evaluación del desempeño, mejoras en la jubilación, movilidad y carrera profesional, incluidas en sendos proyectos de Ley de Función Pública, paralizados en el Congreso.

Toda esta situación se suma además a la ausencia de un nuevo acuerdo salarial que permita aprobar la subida de este año, o el acuerdo aún pendiente para la oferta de empleo público sin tasa de reposición, entre otros.

Respecto a los sueldos, precisamente hoy, el Gobierno dio instrucciones en el BOE para el abono del incremento del 0,5 por ciento. Han hecho falta, decenas de manifestaciones en toda España desde principios de año y hasta la presentación de una queja formal en la Moncloa. Además de llegar tarde, esta subida del 0,5 es insuficiente dado que seguimos con los sueldos congelados y una pérdida de poder adquisitivo del 8 por ciento respecto al acuerdo salarial de 2022.