El comité de empresa de Política Social de Pontevedra acusa a la Xunta de “maltrato institucional” en las residencias de mayores
- Prensa y Comunicación
3 de outubro de 2025
-La portavoz de CSIF, Montse Rodríguez Arribas, reprocha a la Consellería que las residencias se estén transformando en “almacenes de personas en emergencia social”
-Reclama una atención diferenciada, con medios y personal adecuado, que garantice dignidad y seguridad tanto a los mayores como a los usuarios con patologías psiquiátricas.
Vigo, 3 de octubre de 2025 – El Comité de Empresa de Política Social de Pontevedra se ha vuelto a concentar hoy para denunciar la situación “límite” que se vive en las residencias de mayores dependientes de la Xunta, a la que han acusado de ser “complice” del matrato que sufren tanto los profesionales como los usuarios mayores por parte de los residentes psiquiátricos que conviven en el mismo espacio.
La portavoz de CSIF, Montse Rodríguez Arribas, acusó a la administración autonómica de estar convirtiendo estos centros en auténticos “almacenes de personas en emergencia”, en lugar de garantizar “una vejez digna y segura para nuestros mayores”. En este sentido, recordó que este tipo de centros residenciales no fueron concebidos para atender a personas con problemas psiquiátricos o de adicciones, por lo que no cuentan con el personal formado ni con medios especializados para atender estas patologías.
“No pretendemos estigmatizar a estos usuarios –explican desde el Comité- sino asegurar un atención adecuada tanto para las personas con patologías psiquiátricas como para el resto de los residentes”.
Según explicó Rodríguez Arribas, las personas mayores “viven atemorizadas” por las continuas agresiones, incluidas las sexuales, que se producen en los centros, y que —pese a haber sido denunciadas en reiteradas ocasiones— la Consellería de Política Social “sigue mirando hacia otro lado”. “Estamos ante una situación de maltrato institucional, tanto hacia los trabajadores como hacia los usuarios”, advirtió.
El comité denuncia que la Consellería ha impuesto el ingreso en residencias de mayores de personas con patologías psiquiátricas, adicciones o medidas judiciales, cuando estos centros no cuentan ni con personal especializado ni con los medios necesarios para atender adecuadamente a este colectivo. Esta decisión política, subrayan, ha generado un clima de violencia, amenazas y estrés laboral que pone en riesgo la integridad física y mental de las trabajadoras —mayoritariamente mujeres mayores de 50 años— y la seguridad de los residentes, siendo uno de los casos más graves el del CRAPD Vigo 1.
En septiembre de 2023 una trabajadora fue víctima de una agresión sexual en un centro, un caso que fue denunciado ante Fiscalía y el juzgado. Desde entonces, el comité ha mantenido reuniones y presentado denuncias ante la Secretaría Xeral Técnica, la Inspección de Trabajo y la Valedora do Pobo, sin que la Consellería haya adoptado medidas efectivas.
Los representantes sindicales alertan de que la situación puede desembocar en “episodios extremos de violencia con consecuencias irreparables”. Por ello reclaman que se garantice una atención diferenciada para las personas con problemáticas psiquiátricas o sociales, sin que compartan espacio, recursos y personal con las personas mayores.
“El personal debe estar protegido y las personas mayores respetadas. La violencia cero en las residencias debe ser una prioridad. La Consellería tiene mucho de política, poco de social y nada de igualdad”, concluyeron.