CSIF denuncia que Justicia desautoriza a sus propios técnicos penitenciarios y lanza un mensaje de impunidad a los internos

 

Lleida, 25 de noviembre de 2025 — La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el Departamento de Justicia ha invalidado el criterio profesional de sus equipos técnicos tras el grave motín ocurrido el 3 de noviembre en el Centro Penitenciario de Ponent (Lleida). Según el sindicato, esta decisión transmite a los internos que incluso los actos más graves pueden quedar sin consecuencias reales.

Un motín que puso en riesgo la seguridad del centro

El 3 de noviembre, un grupo numeroso de internos del módulo 5 se amotinó en el patio, desobedeciendo órdenes directas del personal, gritando, insultando e instigando al resto a sumarse a una protesta violenta. El incidente alteró gravemente el orden del centro y generó una situación de riesgo muy elevado tanto para los trabajadores como para los internos.

Ante la gravedad de los hechos, los siete principales instigadores fueron aislados y se les incoaron faltas muy graves por participación o incitación a motines, tal como recoge la normativa. El equipo multidisciplinar del módulo y la Junta de Tratamiento acordaron por unanimidad proponer la regresión a primer grado, de acuerdo con el artículo 93 del Reglamento Penitenciario.

Justicia corrige el criterio técnico y mantiene a los internos en segundo grado

Pese al consenso profesional, la Dirección General de Servicios Penitenciarios ha decidido no aplicar la regresión propuesta, argumentando que la participación en un motín “no es suficiente” para justificar el primer grado. El resultado es que los internos continuarán clasificados en segundo grado, sin ningún cambio en su régimen de vida.

Para CSIF, esta decisión es incomprensible y profundamente preocupante, ya que:

• Desautoriza a los profesionales que conocen de primera mano la realidad del módulo y del centro.
• Envía a los internos un mensaje nefasto: alterar la seguridad del centro no tiene consecuencias reales.
• Debilita la autoridad de los trabajadores y pone en riesgo la convivencia y la seguridad.
• Fomenta un clima de impunidad que puede derivar en nuevos incidentes graves.

 

Presiones externas y una política basada en falsas premisas

CSIF denuncia que persiste la idea equivocada de que reducir primeros grados y aumentar terceros grados equivale a una buena política penitenciaria. El sindicato recuerda que la seguridad y la calidad del tratamiento no se miden en cifras, sino en la capacidad de gestionar correctamente perfiles muy diversos de internos.

Además, lamenta que determinadas asociaciones subvencionadas, vinculadas al entorno del Sr. Iñaki Rivera, y las posiciones políticas de ERC y Comunes hayan contribuido a mantener a los trabajadores bajo sospecha, condicionando las decisiones y debilitando la autoridad interna del sistema.

Sin seguridad no hay rehabilitación

El sindicato recuerda que entre un 5% y un 10% de los internos son impermeables al tratamiento y dedican sus esfuerzos a desestabilizar los centros. Separar correctamente estos perfiles permite que el resto de internos puedan desarrollar su proceso de rehabilitación en un entorno seguro y ordenado.

Esta realidad es conocida por responsables políticos con experiencia en materia penitenciaria, que lo admiten en privado, pero evitan hacerlo públicamente para no contradecir el relato dominante.

CSIF exige medidas urgentes

1. Un cambio profundo en las políticas de tratamiento y seguridad.
   La clasificación de internos debe basarse en criterios técnicos y de peligrosidad real, no en objetivos políticos o estadísticos.
2. La creación de un centro penitenciario especializado.
   Un espacio destinado a internos violentos, agresivos o inadaptados, donde se aplique el reglamento con el máximo rigor y que actúe como elemento disuasorio, permitiendo que el resto de la población penitenciaria pueda avanzar hacia la reinserción.

CSIF reitera que “sin firmeza no hay seguridad, y sin seguridad no hay rehabilitación posible”.