La supresión del derecho a la jubilación parcial del personal laboral cumple un año perjudicando a cientos de empleados públicos en la región

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, denuncia que este miércoles se cumple un año desde la supresión del derecho a la jubilación parcial para el personal laboral, una medida que ha afectado gravemente a cientos de trabajadores tras años y años de servicio.

Castilla-La Mancha con más de 36.000 trabajadores en la categoría de personal laboral, entre los cuales aquellos que se encontraban con 33 años cotizados y que podrían haber visto reducida su jornada laboral hasta 3 años antes de la edad ordinaria de jubilación de no ser por la aprobación del Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que entró en vigor el 1 de abril de 2025.

Este Real Decreto, firmado por el Gobierno de España, CCOO y UGT, no tuvo en cuenta a los empleados públicos, “un olvido que ha sido un auténtico atentado a los derechos adquiridos, son muchos los trabajadores que no han podido acogerse a una jubilación parcial que ya tenían consolidada”, explica Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha.

CSIF lamenta que hasta ahora no se haya avanzado en la recuperación de este derecho fundamental cuando por fin el Gobierno central ha aceptado este mismo mes de marzo la propuesta de la Central Sindical de realizar contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público (OPE), algo que podría plasmarse en las próximas semanas mediante otro Real Decreto-ley.

El Real Decreto-ley 11/2024 exige que la persona relevista contara con un contrato indefinido a jornada completa y que mantuviera su vínculo laboral durante al menos dos años tras la finalización de la jubilación parcial. Esta condición, que en el sector privado supone un simple trámite de contratación, en el sector público provoca el bloqueo del acceso a la jubilación parcial hasta la convocatoria de una OPE.

“Un año después seguimos sin entender por qué se adoptó esta decisión, es sangrante que se elimine un derecho adquirido amargando los últimos años de trabajo de los empleados públicos tras toda una vida de servicio. Lo que sí tenemos claro es que no hay tiempo que perder”, concluye Sánchez.

CSIF reitera su compromiso de hacer efectiva la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral y, además, ampliar este derecho al personal funcionario y estatutario, que lo tienen bloqueado desde el año 2012 como consecuencia de los recortes derivados de la crisis de 2010. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho.