CSIF exige una actuación inmediata ante la situación de la Inspección Educativa en Huesca y advierte de movilizaciones si no hay una solución

Desde CSIF, volvemos a denunciar públicamente la situación que se está produciendo en la provincia de Huesca en relación con la actuación de la Inspección Educativa.  Exigimos a Educación que tome partido urgentemente para poner fin a esta forma de proceder, puesto que la existencia de criterios diferenciados entre provincias genera inseguridad jurídica, incrementa la carga burocrática de los centros y dificulta el normal desarrollo de la actividad docente.

A ello se suma la existencia de cambios sucesivos de criterio e instrucciones durante el propio curso que obligan a los centros a rehacer documentación y modificar procedimientos ya iniciados, lo que aumenta, a su vez, aún más la ya excesiva carga burocrática que sufre el profesorado del resto de Aragón, incrementando así la diferencia entre Huesca y el resto de provincias.

Del mismo modo, pedimos que se respete la capacidad para trabajar en la mejora de las condiciones laborales de nuestros compañeros, y eso pasa entre otros, porque podamos describir sin tapujos las situaciones que nos trasladan los compañeros de los centros educativos sin temor a represalias o expedientes disciplinarios.

Ante la gravedad de la situación, exigimos una reunión urgente e improrrogable con el director provincial de Educación de Huesca. La paciencia del profesorado y de los equipos directivos ha llegado a su límite. Si la Administración no se sienta, escucha la realidad del profesorado de Huesca y sale de ese despacho con compromisos firmes y resoluciones inmediatas, no nos temblará la mano para escalar el conflicto y buscar soluciones a esta situación que se da en Huesca.  

Consideramos que ya no es suficiente con trasladar quejas puntuales. Es necesario que la Administración escuche los numerosos problemas existentes y adopte medidas concretas para corregir las actuaciones arbitrarias que se vienen produciendo.

Desde CSIF reclamamos:

• Criterios homogéneos de actuación de la Inspección Educativa en las tres provincias aragonesas.
• Fin de las interpretaciones subjetivas y personales de la normativa que generan desigualdad entre centros.
• Reducción de la carga burocrática y documental que soportan los equipos directivos y docentes.
• Garantías de seguridad jurídica para docentes y equipos directivos.
• Respeto a la actividad de los representantes de los trabajadores.

Exigimos a la Administración educativa que actúe, abra un diálogo real y ponga soluciones. De lo contrario, será la movilización la que ponga sobre la mesa un problema en el que la Administración lleva demasiado tiempo sin resolver.