CSIF solicita la prórroga de 6 meses en la implantación de la oficina judicial de los Tribunales de Instancia en Andalucía

Desde el Sector de Justicia de CSIF Andalucía, sindicato mayoritario de la Administración de Justicia, hemos presentado escrito solicitando formalmente la prórroga de seis meses para la aprobación e implantación de la Oficina Judicial asociada a los Tribunales de Instancia, en base a lo siguiente:

La Disposición Transitoria Quinta de la Ley 1/2025 establece que la implantación de la Oficina Judicial será simultánea a la constitución de los Tribunales de Instancia, condicionándola a la previa aprobación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) con negociación sindical obligatoria, que debido al conflicto de justicia en Andalucía realmente no se ha producido en la fase III esta negociación ya que las organizaciones sindicales del ámbito de la administración de justicia en Andalucía no constituimos la mesa sectorial de negociación debido a la ausencia con carácter previo de una propuesta económica de productividad que reconociera el esfuerzo de los funcionarios de justicia de esta CCAA al igual que se ha hecho en el resto de ámbitos territoriales a nivel nacional.

Asimismo, dicha disposición prevé la posibilidad de fijar una fecha diferente para la implantación de las oficinas judiciales cuando concurran:

“circunstancias excepcionales relativas a las infraestructuras o los medios tecnológicos que lo justifiquen”

Y establece que, en caso de no estar aprobadas las RPT, se mantendrá el régimen anterior, disponiendo además que:

“deberá hacerse dentro de los seis meses siguientes”

Encontrándonos en el supuesto de que la norma habilita expresamente una prórroga temporal máxima de seis meses para garantizar una correcta implantación, y no se repitan las graves deficiencias que se están produciendo en la Fase I y II, por la precipitación e improvisación de esa Consejería de Justicia en la puesta en marcha de estas fases.

A día de hoy concurren múltiples circunstancias excepcionales que imposibilitan una implantación responsable en los plazos inicialmente previstos en la Ley 1/2025:

1. Falta de definición y negociación real de las RPT

• Su aprobación requiere un proceso de negociación efectiva y real con las organizaciones sindicales, que como hemos indicado anteriormente, no se ha producido debido a la falta de respuesta por esa Consejería de Justicia al conflicto retributivo con los funcionarios de justicia de Andalucía.

2. Insuficiencia de medios tecnológicos garantizados

• La transformación en el nuevo modelo judicial estructural exige interoperabilidad, digitalización integral y sistemas técnicos adecuados.
• Persisten incidencias graves en los diferentes sistemas informáticos, al día de hoy entre otras cuestiones los Registros Civiles y las Oficinas de Justicia de Municipio siguen sin tener instalados los programas informáticos necesarios, pese a tener compatibilidad con la Oficina Judicial.
• El programa de gestión @Adriano sigue presentando aún deficiencias funcionales que comprometerían el servicio público que se presta al ciudadano usuario de la administración de justicia.
• La Justicia es un servicio público esencial, que precisa que se le dote de medios personales, materiales y organizativos adecuados y suficientes para que pueda cumplir su función y no se puede operar únicamente con el modelo organizativo, sin hacerlo en los otros dos, medios personales y materiales.
• Se han acoplado en la Fase I y II, y ahora será en la Fase III, al personal sin que se hayan publicado los protocolos de actuación ni los manuales de puesto. Es decir, el personal está obteniendo nuevos destinos sin que sepan cómo se va a trabajar ni qué conlleva ese nuevo puesto, especialmente, las jefaturas, ni tampoco cómo se va seguir trabajando con los expedientes vivos en este momento.

3. Infraestructuras y espacios de trabajo no adecuadamente adaptados

• Al igual que ha ocurrido en la mayoría de partidos judiciales de la Fase I y Fase II, no se han completado las adecuaciones de espacios, salas de vistas e instalaciones de los Servicios de Guardia, Menores y Violencia previstas en el nuevo modelo organizativo.
• Estas circunstancias llevarán al igual que está pasando en la Fase I y II a precarizar condiciones de trabajo, infringiendo normativa de prevención de riesgos laborales.

• La ley exige ordenación progresiva y garantista, no precipitación e improvisación organizativa, que supondría un riesgo para los trabajadores, la ciudadanía y los operadores jurídicos.

Desde CSIF, entendemos que la finalidad de la disposición transitoria es evitar disfunciones en la implantación de las oficinas judiciales que presten servicio a los Tribunales de Instancia, priorizando asegurar la continuidad, seguridad jurídica y calidad del servicio público, y esto se podría conseguir con la prórroga de seis meses prevista en la norma.

En virtud de lo expuesto, desde CSIF hemos solicitamos formalmente en nuestro escrito:

• Se acuerde solicitar por esa CCAA a la Conferencia Sectorial la prórroga de seis meses para la aprobación definitiva de las RPT de la Fase III y en consecuencia la implantación de la Oficina Judicial que prestará servicio a los Tribunales de Instancia.
• La garantía de negociación sindical real y efectiva de las RPT, ya que al día de hoy no se ha producido esta negociación al no haberse constituido por las centrales sindicales la mesa de negociación de la Fase III, ya que abandonamos dicha mesa con carácter previo a su inicio por no haberse traído por la Consejería de Justicia una propuesta económica que reconociera el esfuerzo de los funcionarios de justicia de Andalucía, quienes soportan la mayor litigiosidad a nivel nacional.
• La verificación técnica y funcional previa de sistemas tecnológicos y espacios de trabajo adecuados y adaptados al nuevo modelo organizativo.

Esta solicitud no persigue retrasos injustificados, sino en cumplimiento de la ley, garantizar la calidad del servicio público que presta la Administración de Justicia en Andalucía y proteger los derechos del personal trabajador, evitando consecuencias operativas graves y asegurando que la implantación sea ordenada, efectiva y sostenible.