CSIF Granada valora la sentencia que condena al Ayuntamiento de Loja por la falta de personal en el servicio de bomberos

El sindicato CSIF Granada ha valorado de forma positiva la sentencia dictada por el juzgado de lo Social número 8 de Granada, al dar la razón a la denuncia interpuesta por el delegado sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Loja ante el incumplimiento del Plan de Prevención de riesgos Laborales en cuanto a la dotación de efectivos en el parque de bomberos lojeño.

Tal y como contempla este documento, el personal del servicio de bomberos se organizará durante la intervención en equipos de trabajo de dos miembros, existiendo como mínimo un equipo de intervención, un equipo de apoyo o recurso preventivo, un conductor al cargo de la bomba de extinción y un mando, constituyendo un total de 6 efectivos diarios. A esto hay que añadir un bombero adicional en intervenciones que supongan contaminación de EPIS para realizar labores de descontaminación.

Esta dotación mínima, que está diseñada para garantizar la seguridad y salud de los bomberos, no se ha cumplido en ningún momento en dicho parque de bomberos por lo que CSIF ha denunciando esta situación desde hace tiempo, la última ante la Inspección de Trabajo. La sentencia conocida recientemente pone como ejemplo “los meses de noviembre y diciembre de 2024, en los que hubo siete turnos con 2 efectivos. El 6 de diciembre de 2024 se produjo una intervención por incendio en un edificio de tres plantas, acudiendo sólo dos efectivos, sin mando operativo ni recurso preventivo, intervención en la además resultó fallecida una ciudadana”, ha destacado el sector de Administración Local del sindicato.

Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de garantizar una dotación mínima que garantice no sólo la seguridad de la plantilla, sino también de la ciudadanía. Con un retén de 2 bomberos, de los que uno se encarga de la bomba y otro de la intervención, es muy difícil llevar a cabo una actuación efectiva y segura.

Tras la denuncia de CSIF, la Inspección de Trabajo reconoció la gravedad de la situación y requirió al Ayuntamiento la revisión de la evaluación de riesgos y la planificación preventiva al no existir coherencia entre ambos documentos y la dotación real  de efectivos. “Ahora el juzgado viene a dar la razón a los delegados sindicales de CSIF y reconoce que el requerimiento de la Inspección no ha sido acreditado y que con los cuadrantes de trabajo aportados no se da cumplimiento al mínimo exigido”, afirma el sector de Administración Local de CSIF Granada.

De este modo, el juzgado concluye que el Ayuntamiento de Loja, como empleador público, está obligado a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores del SPEIS, debiendo adoptar medidas necesarias para asegurar la dotación mínima de efectivos establecida en el Plan de Prevención y no puede justificar su incumplimiento en razones presupuestarias o de organización interna.