CSIF denuncia las agresiones a los funcionarios en la cárcel de Villanubla

El primer semestre del año no ha sido excesivamente tranquilo para los trabajadores del Centro Penitenciario de Valladolid. Todo lo contrario. Cinco de ellos han sido agredidos por reclusos mientras realizaban su trabajo, pese a que el año pasado no se registró ningún incidente de este tipo. Bien es cierto que solo uno de ellos fue herido, de carácter leve, pero el mal trago sirve para que los trabajadores vuelvan a alzar la voz para que se mejoren las medidas de seguridad.

Según la información facilitada por fuentes sindicales, uno de los presos agredió a dos empleados en un mismo incidente. Al primero, con un empujón; y al segundo, con un cabezazo. La tercera agresión se produjo cuando un funcionario se vio obligado a reducir a un interno y, mientras lo hacía, recibió algunos codazos. El cuarto incidente tuvo lugar cuando un trabajador pidió a un preso que saliera de la celda, y la respuesta fue darle un puñetazo. Por último, otro empleado recibió un escupitajo en la cara por parte de otro recluso. «En otras ocasiones nos muerden o, al resistirse, nos acabamos lesionando o haciéndonos daño», señala el delegado de CSIF en el centro penitenciario, Honorio Gordo.

Los incidentes en la cárcel de Valladolid se duplicaron entre 2017 y 2023, al pasar de 217 a 446. El año pasado esa tendencia remitió, con una caída del 16,6% y 372 incidentes, pero todo hace indicar que el rumbo alcista se ha recuperado este año, porque en los seis primeros meses se han registrado 278, es decir, casi el 75% de todos los ocurridos el año pasado. De seguir a este ritmo, incluso se podrían registrar más que en 2023.

Según los datos facilitados por CSIF, en este medio año, tres de las 278 faltas han sido leves, 197 han sido graves y 78, muy graves. Una calificación que determina la sanción que se impone al recluso, tal y como está recogido en la Ley General Penitenciaria de 1979. Los castigos más livianos son las amonestaciones o la privación de paseos y actos recreativos comunes, siempre que esto «sea compatible con la salud física y mental» del preso. Las faltas graves se pueden castigar con privación de permisos de salida por un tiempo que no podrá ser superior a dos meses y limitación de las comunicaciones orales. En los casos más graves, el castigo puede llegar al aislamiento en celda, que no podrá exceder de 14 días. Una falta muy grave puede ser una pelea entre internos a agresión a los funcionarios; y una grave, tenencia de objetos prohibidos, como teléfonos móviles o droga. De hecho, una de las incidencias más habituales son los intentos de introducir objetos en la prisión durante las visitas de familiares. Este régimen interno no exime a los reclusos de las responsabilidades penales que pudieran tener sus actos. Es decir, si se les denuncia en el juzgado, también tienen que responder ante el juez.

Ante el incremento de agresiones a trabajadores, el representante de CSIF reclama que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, lo que endurecería las sanciones a los agresores y supondría tener presunción de veracidad. Es algo que ya consiguieron los sanitarios en 2015, aunque lo cierto es que, al menos en Valladolid, eso no ha evitado que las agresiones sigan incrementándose.

Otra reivindicación de los trabajadores es el aumento de personal, aunque en los últimos meses se han dado pasos adelante. En una plantilla que debería estar formada por 314 funcionarios, a 1 de junio había 42 vacantes, frente a las 65 del año pasado. Además, debería haber 22 efectivos de personal laboral (cocineros, asistentes sociales, mantenimiento, etcétera) y hay cinco vacantes. Todo para vigilar y atender a unos 450 reclusos.

https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/z90757099-7c5c-42d7-a1e4e3b8eaa028d2/202507/los-funcionarios-de-la-carcel-sufren-5-agresiones-de-presos