UNA LEY A MEDIDA PARA EL AMIGUISMO: CONTRA LA IGUALDAD Y LA PROMOCIÓN PROFESIONAL

Desde CSIF dejamos meridianamente clara nuestra postura: la Administración no puede seguir parcheando a base de modificar leyes cada vez que incumple su propia normativa. Cuando se detecta un fallo estructural, lo lógico y lo legal es adaptar la estructura organizativa, no forzar la ley para tapar errores o carencias.

La exposición de motivos está vacía de sentido y responde únicamente a improvisaciones. CSIF exige rigor, respeto a los procesos y seguridad jurídica para todos los empleados públicos.

En el año 2023 se aprueba una Ley de Empleo Público, y ya estamos enfrentándonos a su segunda modificación. Una modificación que, lejos de mejorar las condiciones laborales, cae en la contradicción más absurda y ofensiva para quienes sostenemos los servicios públicos con nuestro trabajo diario.

En la exposición de motivos se reconoce el valor incuestionable del personal laboral fijo de la categoría de educador/a, destacando su amplia experiencia profesional y su papel fundamental en la protección de menores y personas con discapacidad. ¿Y cuál es la respuesta del legislador? Crear un cuerpo... a extinguir.

¡Os valoran, pero desaparecéis! Se llenan la boca hablando de la relevancia de vuestra labor, pero lo cierto es que legislan para borraros del mapa.

Todo esto responde a una lógica perversa: el amiguismo político y los intereses del poder, que siguen tratando al empleo público como un coto privado, al servicio de sus pactos y favores.

Unos favores que supone la funcionarización del cuerpo de educadores para proclamarlo a extinguir la funcionarización del cuerpo de auxiliar educador con un horizonte temporal a 2029, sin saber si gobernarán o no, y coartando toda promoción profesional a las categorías más bajas de la Administración.

Esta política de personal, basada en los amiguismos, perpetúa la brecha salarial y castiga a los sectores más precarizados… y más feminizados.

La realidad cada vez es más evidente, la Administración está frenando deliberadamente la promoción profesional de los grupos más bajos, precisamente aquellos donde se concentra la mayoría del personal con condiciones más precarias… y casualmente, también los más feminizados.

Sin olvidarnos, de la privatización en cascada del grupo E, véase operarios/as de juzgados. Otro ámbito feminizado.

No es casualidad, es política. Mientras se reparten niveles 30, se niega sistemáticamente el derecho a la promoción real del personal que sostiene los servicios públicos desde abajo: ordenanzas, operarias/os, cocineros/as, TCAE…. mujeres en su inmensa mayoría.

Esta política no solo consolida la desigualdad dentro de la propia Administración, sino que aumenta la brecha salarial entre hombres y mujeres, violando de hecho los principios más básicos de igualdad que tanto se llenan la boca en proclamar.

¡Basta ya de una Administración que habla de igualdad, pero legisla para mantener la desigualdad!

DECISIONES UNILATERALES DE FUNCIÓN PÚBLICA QUE DEBILITAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La negativa de Función Pública a crear los cuerpos funcionariales para el personal sanitario (como terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas) no es una simple omisión: es una decisión que tendrá graves consecuencias tanto para los empleados públicos afectados como para la ciudadanía.

Con esta maniobra, se impide que estos perfiles puedan ejercer funciones clave en el sistema de valoración de la dependencia, a pesar de que su participación fue expresamente reconocida por el Consejo Territorial de Dependencia, que estableció perfiles sociales (como trabajadores sociales) y sanitarios (como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o enfermeros) como imprescindibles para realizar valoraciones integrales.

Función Pública está desvirtuando el modelo acordado y confundiendo su capacidad de organización interna con una autoridad que no le corresponde. Está alterando unilateralmente criterios técnicos y profesionales que fueron consensuados en un espacio interterritorial. No tiene ni la competencia ni la legitimidad para ello.

Además, al negarse a funcionarizar a los enfermeros asistenciales y no crear los cuerpos funcionariales para el resto de profesionales sanitarios, se les cierra la puerta a ejercer como valoradores, eliminando su proyección y su desarrollo profesional dentro de la Administración y eliminando la valoración sanitaria en la dependencia.

Los colegios profesionales ya han alertado que iniciarán acciones legales si no se revierte esta situación.

CSIF exigió a Función Pública que rectifique los errores cometidos, creando todos los cuerpos de las categorías de laborales y les recordamos la necesidad de dar solución a la integración de los informáticos en el grupo B, tal y cómo se estableció para los agentes medioambientales.

CSIF tiene claro que es una Ley a medida, fruto de las relaciones políticas o personales.

Hoy ha tenido lugar la primera reunión, continuará…………….