Función Pública cede al País Vasco competencias básicas en empleo público para que contraten por encima de la tasa de reposición

El Ministerio de Función Pública anunció hoy que la próxima oferta de empleo público contendrá una tasa adicional para el País Vasco (en concreto para el ámbito de la Justicia), por encima por tanto de los criterios comunes para el resto del territorio nacional.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, trasladó hoy a Función Pública su rechazo a esta iniciativa dado que supondrá una discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos, dado que podrán reforzar sus plantillas públicas por encima del resto de territorios.

 

CSIF ya se opuso a esta cuestión incluida en los acuerdos de investidura entre los grupos parlamentarios de PSOE y PNV. Estos acuerdos también abrían la posibilidad a que la comunidad vasca aprobara incrementos en las retribuciones de sus empleados públicos por encima de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado.

 

Más allá de esta cuestión, CSIF rechaza que se mantenga la tasa de reposición, que no se aporten datos de plazas nuevas (lo que impide evaluar la creación y la evolución del empleo neto), que se reduzca la promoción interna significativamente, que se excluya de ésta al personal laboral en el Exterior y que hayan caducado plazas de la OEP 2022 (como ya ocurrió en las del 19, 20 y 21) por la lentitud en la celebración de procesos selectivos.

 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA NO APORTA DATOS

 

El departamento de Óscar López, no aportó datos globales de la oferta de empleo público, más allá del criterio general de que se creará empleo neto. En este sentido, CSIF no avalará con su firma una oferta de empleo público discriminatoria, que impida reducir el déficit de plantillas y frene la renovación generacional en el resto del Estado.

 

El único dato aportado hoy en la reunión es que se han perdido 22.000 efectivos el año pasado, prácticamente los equivalentes a todo el empleo amortizado en la última década, como consecuencia del envejecimiento de las plantillas. Este dato obliga a realizar un análisis en profundidad de las plantillas, porque no solo se trata de crear empleo neto, sino de solventar las necesidades de los ámbitos más necesitados de esta Administración.

 

En todo caso, desde CSIF trasladamos una queja porque el departamento de Óscar López está llevando una negociación sin aportar la información necesaria para que las organizaciones podamos valorar con objetividad la oferta de empleo.

 

Desde CSIF, ya lo hemos dicho, exigimos un refuerzo inmediato de plantillas, la creación de empleo neto, la recuperación de los puestos amortizados a lo largo de la última década y la eliminación de la tasa de reposición, para que las administraciones puedan responder a sus necesidades, más allá de las jubilaciones previstas. Hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años se ha producido una pérdida neta de 20.046 empleos, según datos facilitados por el propio Ministerio de Función Pública.

 

Además, el 21 por ciento de la plantilla (más de 45.000 personas) tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en edad de la jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía.

 

Es más, según datos del registro central de personal, el 55 por ciento de la plantilla se jubilará en 10 años, lo que hace evidente la necesidad de planificar a medio plazo las necesidades de la plantilla. Esta cuestión fue referida la semana pasada por un informe de la OCDE en el que se alertaba del envejecimiento de las plantillas de la administración española, en relación a los países de nuestro entorno.

 

Además, desde CSIF reiteramos nuestra exigencia para que se abone de manera inmediata, por la vía del decreto, el 0,5 por ciento salarial pendiente del año pasado y que se inicie la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar ya la subida de este año. El equipo negociador de Función Públicas sigue sin tener instrucciones para negociar salarios.