CSIF solicita la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de temporalidad en Función Pública

• CSIF, con la solicitud, denuncia el intolerable bloqueo de los procesos selectivos de las últimas tres ofertas de empleo público en Justicia y cuyos procesos han terminado ya en su fase de selección.

 

• Asimismo, CSIF solicita que función pública tome las medidas que sean necesarias para resolver durante este año, de más de 15 procesos selectivos que están atascados. En total son más de 12.000 plazas sobre las que no se ha resuelto su provisión definitiva y que son foco de precariedad y temporalidad.

 

• No es de recibo que una administración de Justicia que pretende ser eficiente y exige e impone “eficiencia” a los demás impida de esta manera la imprescindible reposición ordenada de plantillas para la óptima prestación del servicio

 

Los aspirantes de las ofertas de empleo público de 2022 (estabilización méritos y concurso oposición) y las ofertas de empleo público ordinarias de 2023 y 2024 en ambos turnos de promoción interna y turno libre que hicieron sus exámenes hace dos y un año respectivamente y sobre las que no han recaído, todavía, resoluciones definitivas de aprobados.

 

Para CSIF es intolerable este retraso y más en un contexto en el que, por mandato europeo, las administraciones públicas españolas, tienen la obligación de evitar los abusos en la contratación temporal.

 

El perjuicio grave a los derechos de los aspirantes es claro y notorio en materia retributiva, de promoción profesional y jubilación entre otras cuestiones sin olvidar la incertidumbre en la que miles de ellos se encuentran al no saber si, definitivamente, han superado o no el proceso selectivo.

 

CSIF sigue reclamando la necesidad imperiosa de que el Ministerio y las CCAA se tomen en serio el grave problema de medios personales y materiales en el que viven los compañeros/as de los departamentos de gestión de recursos humanos, pero una cosa es que sirva de explicación y otra, muy distinta, que sea una excusa para no tomar medidas.

 

En el corto plazo, reclamamos que Función pública exija al Ministerio que publique un cronograma con fechas concretas de resolución y que haga seguimiento de su desarrollo para velar por su cumplimiento.

 

Es cierto que, conforme al TREBEP, los procesos selectivos deben resolverse en el plazo de tres años desde la publicación de la convocatoria, pero no es de recibo que una administración de Justicia que pretende ser eficiente y exige e impone “eficiencia” a los demás incumpla de esta manera la imprescindible reposición de plantillas para la óptima prestación del servicio.

 

Porque esta situación también afecta al servicio público y más aún cuando estamos inmersos en un caótico y desordenado proceso de puesta en marcha de un nuevo modelo organizativo que ya advertimos y hemos denunciado públicamente.

 

Esta es una de las iniciativas que CSIF está poniendo en marcha para la efectiva y definitiva resolución de este grave problema creado por la incapacidad del Ministerio y de las CCAA para gestionar los recursos humanos.

 

Desde hace varios meses, CSIF cada semana recuerda al Ministerio que hay miles de personas pendientes de sus resoluciones y agotaremos todas las vías legales posibles, incluyendo la denuncia a las instituciones europeas en caso de que no haya respuesta de función pública, para reclamar a las administraciones que cumplan con los acuerdos y con la normativa europea y nacional sobre procesos selectivos y temporalidad.