CSIF rechaza la contratación de detectives privados en el Ayuntamiento de Fuengirola para vigilar a trabajadores de baja médica

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha mostrado este lunes su rechazo a la medida anunciada por el Ayuntamiento de Fuengirola contra el absentismo laboral consistente en la contratación de detectives privados para realizar un seguimiento de los trabajadores municipales en situación de incapacidad temporal. 

CSIF, en defensa de los derechos laborales de la plantilla municipal, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Fuengirola en el que ha defendido “el criterio médico y la presunción de veracidad de los partes de incapacidad temporal”, al tiempo que ha advertido de que “la asignación de una situación de incapacidad temporal corresponde exclusivamente al médico o equipo médico del SAS, de las mutuas o del INSS, dependiendo de la contingencia”. Además, ha señalado que “ni el Ayuntamiento ni ninguna entidad privada contratada por la Administración tienen competencia para cuestionar la valoración médica ni para determinar la situación de incapacidad laboral de un trabajador”.

Para la central sindical, el seguimiento domiciliario o en lugares frecuentados por la persona trabajadora “puede suponer una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad personal y familiar”, por lo que la contratación de detectives privados para vigilar movimientos de los trabajadores podría suponer un tratamiento “excesivo y desproporcionado”.

El sector de Administración Local de CSIF Málaga ha recordado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al Ayuntamiento como empleador a garantizar la seguridad y salud de su personal, por lo que “ante un índice elevado de bajas, el deber de la Administración es investigar las causas, como carga de trabajo, organización, condiciones ergonómicas, psicosociales o de salud laboral, y adoptar medidas preventivas, en lugar de perseguir a los trabajadores”.

A juicio de la central sindical, el uso de detectives privados no resuelve el origen del problema, sino que “desplaza la responsabilidad hacia la plantilla, generando un clima de desconfianza”. Además, estas prácticas podrían tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio legítimo del derecho a la incapacidad temporal de los trabajadores, “generando miedo o inseguridad” en quienes necesiten acogerse a ella, lo que podría derivar en riesgos para la salud si acuden enfermos o lesionados para evitar ser vigilados.

El Ayuntamiento, en lugar de recurrir a este tipo de medidas, podría haber optado por solicitar informes y colaboración del servicio de prevención y mutua para determinar las posibles causas de la situación. También podría mejorar la organización del trabajo, revisar cargas de trabajo y adoptar medidas preventiva; así como favorecer la transparencia, sin generalizar ni criminalizar a la totalidad del personal.

Por todo ello, CSIF ha manifestado su rechazo a la medida anunciada por el Ayuntamiento de Fuengirola al considerarla “desproporcionada y potencialmente lesiva de los derechos de los trabajadores”, y ha pedido al Ayuntamiento que, en su lugar, cumpla con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y respeto a la competencia médica.

Por otra parte, advierte de la posibilidad de que el Ayuntamiento, con estas prácticas, persiga “vincular el discurso del alto absentismo con la necesidad de introducir mecanismos de control más estrictos”, lo que, en un escenario negociador (como de las futuras negociaciones de la valoración del desempeño del puesto de trabajo), le daría justificación para plantear criterios restrictivos en la evaluación.

A este respecto, el sindicato ha denunciado que “usar medidas de control excepcionales, como la contratación de detectives privados, en el contexto de la negociación de la evaluación del puesto supondría una medida clara de presión que incluso podría vulnerar derechos de los trabajadores”.