CSIF acusa a Afers Penitenciaris de censurar y coaccionar al personal penitenciario

 

El sindicato rechaza la exigencia de autorización previa para hablar con medios de comunicación y advierte de una grave vulneración de la libertad de expresión y de la acción sindical

Barcelona, 3 de marzo de 2026.–La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la extrema gravedad de la comunicación remitida ayer por la Direcció General d’Afers Penitenciaris al personal penitenciario, en la que se establece la obligación de contar con autorización previa para cualquier intervención en medios de comunicación o en redes sociales relacionada directa o indirectamente con su actividad profesional, bajo advertencias explícitas de posibles sanciones disciplinarias.

En dicha comunicación, la Dirección General informa de un procedimiento obligatorio de autorización para entrevistas, reportajes, declaraciones o cualquier participación pública vinculada al ámbito penitenciario. Según este criterio, todas las solicitudes de los medios deben canalizarse a través del Gabinete de Comunicación del Conseller de Justícia, que decide si la intervención es “de interés para la Administración” y, en su caso, designa al profesional autorizado para hablar en representación institucional.

El escrito prohíbe expresamente acudir a medios de comunicación o difundir contenidos en redes sociales por iniciativa propia sin autorización previa y advierte de que la difusión de información conocida por razón del cargo —incluidos datos sobre personas internas, salud mental, riesgo suicida, funcionamiento del servicio o incidencias— puede constituir faltas disciplinarias graves o muy graves, en función del contenido y las circunstancias, apelando al Estatuto Básico del Empleado Público y al deber de lealtad, neutralidad y reserva.

Para CSIF, no se trata de un simple recordatorio normativo, sino “de un intento deliberado de silenciar al personal penitenciario mediante la intimidación y el miedo, instaurando de facto un régimen de censura previa absolutamente incompatible con un Estado democrático y con los derechos fundamentales de los empleados públicos”.

La libertad de expresión no es una concesión administrativa

CSIF recuerda que el personal penitenciario “no pierde sus derechos constitucionales por el hecho de ser empleado público. La libertad de expresión es un derecho fundamental plenamente vigente y no puede quedar sometido a la autorización previa de ningún gabinete político ni órgano directivo”.

“El personal penitenciario no es propiedad de la Administración. No somos súbditos ni estamos sometidos a obediencia ideológica. Somos profesionales con criterio propio y con el derecho —y el deber— de denunciar situaciones que afectan a la seguridad, a las condiciones laborales y al correcto funcionamiento del servicio público”, subraya el sindicato.

Exigir permisos previos es censura, y la censura es ilegal

CSIF denuncia que obligar a pasar cualquier intervención pública por el filtro del Gabinete de Comunicación del Conseller supone un control político del discurso, especialmente grave cuando lo que se pretende es impedir o desincentivar denuncias legítimas sobre:

• la inseguridad en los centros penitenciarios,
• la falta de recursos humanos y materiales,
• decisiones directivas erróneas,
• riesgos laborales graves,
• o el deterioro del servicio penitenciario.

“Denunciar estos hechos no constituye deslealtad institucional, sino una responsabilidad profesional, ética y sindical”.

Amenazas disciplinarias como herramienta de miedo

El sindicato alerta del carácter intimidatorio del comunicado, que utiliza conceptos jurídicos amplios y advertencias genéricas sobre posibles faltas graves o muy graves con el objetivo de hacer callar al personal, impedir la denuncia pública e imponer un relato único y oficial, protegiendo la imagen de la Dirección General en lugar de afrontar los problemas reales del sistema penitenciario.

Los límites legales ya existen y son a posteriori

CSIF recuerda que” el personal penitenciario conoce y respeta los límites legales vigentes: el deber de reserva sobre información confidencial, la protección de datos sensibles, la seguridad de los centros o la prohibición de hablar en nombre de la Administración sin autorización”.
“Sin embargo, fuera de estos supuestos concretos y tasados, la expresión de opiniones personales, profesionales o sindicales es libre e intocable. Cualquier otra interpretación constituye un claro abuso de poder”.

Especial protección de la acción sindical

Cuando estas expresiones se realizan en el marco de la acción sindical, la protección jurídica es aún mayor. Intentar sancionar o intimidar a representantes sindicales por denunciar condiciones laborales puede suponer una vulneración grave de los derechos fundamentales de los trabajadores, con consecuencias jurídicas para los responsables.

CSIF: “No callaremos”

CSIF no aceptará censura, amenazas ni controles políticos sobre la voz del personal penitenciario.
 

El sindicato advierte de que, si la Direcció General d’Afers Penitenciaris persiste en esta deriva autoritaria, habrá respuesta sindical, jurídica y pública.

“Porque el problema no es que el personal hable. El problema es todo lo que se quiere ocultar”, concluye CSIF.