¡Prisiones sin agresiones!

Pontevedra, 3 de junio de 2025.-  La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto con los sindicatos ACAIP-UGT y CIG, se ha concentrado esta mañana frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para denunciar el incremento alarmante de la violencia en las prisiones, y en especial en el Centro Penitenciario de A Lama, tras el grave incidente ocurrido la semana pasada, cuando un interno reincidente intentó apuñalar a dos funcionarios y profirió amenazas de muerte.

Al término de la movilización, los delegados sindicales fueron recibidos por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, al que le entregaron el escrito registrado días atrás por CSIF dirigido a Instituciones Penitenciarias con las reivindicaciones más inmediatas para frenar el deterioro de la seguridad en los centros penitenciarios. El subdelegado recogió las demandas planteadas y se comprometió a trasladarlas a los órganos competentes

Entre estas medidas, CSIF insiste en que lo más urgente es el reconocimiento oficial de los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo. También exigen la paralización de las progresiones de grado automáticas para internos con historial violento y una revisión rigurosa y multidisciplinar de los criterios de clasificación penitenciaria.

Los sindicatos coinciden en que la situación en Galicia es especialmente preocupante. A Lama se ha convertido en la prisión gallega con más agresiones desde 2020, con 37 ataques registrados, 32 de ellos en los últimos tres años. A esto se suman otros hechos graves, como la agresión sexual sufrida por una funcionaria en noviembre de 2024, o los sucesivos ataques a personal penitenciario en Monterroso y A Lama durante los últimos meses.

CSIF denuncia que la introducción de nuevas sustancias psicoactivas indetectables —como los denominados “papelillos”— y la falta de controles eficaces han incrementado la conflictividad interna. Además, señalan que el actual Protocolo de Actuación Frente a Agresiones (PEAFA) no responde a la realidad diaria de los trabajadores, ya que solo contempla los casos con lesiones graves, dejando sin cobertura muchas otras formas de violencia.

“Estamos ante un problema estructural y no podemos seguir permitiendo que nuestros compañeros sean agredidos con total impunidad. Exigimos protección real, seguridad jurídica y el reconocimiento que este colectivo merece”, concluyen.