CSIF no secunda la huelga general y reclama un Pacto de Estado ante la crisis de vivienda

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y a las organizaciones de la sociedad civil española, comunica que no secunda la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

 

CSIF es una organización sindical profesional e independiente, cuya actividad se centra en la defensa de los derechos y condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, tanto del ámbito público como privado. Por ello, sus actuaciones y movilizaciones responden exclusivamente a reivindicaciones vinculadas al ámbito laboral.

 

El sindicato considera que la convocatoria de una huelga general a pocas semanas de la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre incorpora unas connotaciones políticas que no encajan con la independencia y el carácter estrictamente profesional de CSIF. No en vano, la Central Sindical recuerda que la última huelga general fue en 2012 y desde entonces ha habido motivos más que suficientes en la realidad laboral española para plantear otra huelga de 24 horas.

 

Más allá de las motivaciones legítimas de cada organización sindical para convocar una huelga general, CSIF considera necesario garantizar la independencia respecto a las administraciones a las que se debe reclamar y fiscalizar. En este sentido, cabe hacer referencia a las subvenciones millonarias que perciben los sindicatos de clase; sólo en Castilla-La Mancha, CCOO y UGT han percibido más de 56,2 millones por parte del Gobierno de García-Page.

 

La decisión de CSIF de no secundar la huelga general no supone, en ningún caso, renunciar a la movilización sindical. CSIF mantiene su propia hoja de ruta y continuará defendiendo los derechos de los trabajadores.

 

De hecho, CSIF recuerda la gran manifestación llevada a cabo el 24 de septiembre de 2022, convocada para reclamar una subida salarial justa, una jubilación digna y la defensa de la calidad de los servicios públicos, y la llevada a cabo 14 de diciembre de 2024, en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo, así como las movilizaciones desarrolladas posteriormente en defensa del empleo público y de unas mejores condiciones laborales.

 

Estas actuaciones culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía, mediante el cual se evitó la huelga general que CSIF había convocado en las administraciones públicas y se consiguió, entre otras medidas, una subida salarial del 11,4 % entre 2025 y 2028.

 

Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por el cumplimiento de los compromisos salariales ya pactados, incluida la subida prevista del 4,5 % para 2027, más un 0,5 % adicional ligado a la evolución de la inflación, mediante el correspondiente Real Decreto.

 

Asimismo, el sindicato continuará reclamando la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, así como la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.

 

Otro tema que queda en suspenso por el adelanto electoral es la tramitación del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario, acordado tras más de tres años de negociación. CSIF considera que el texto acordado debe ser el punto de partida del próximo Gobierno y reclama que vuelva al Congreso al inicio de la nueva legislatura.

 

En Educación, la convocatoria electoral provoca que decaiga el proyecto de ley sobre reducción de ratios y horario lectivo, mientras quedan pendientes el Estatuto Docente, la reducción de la interinidad y una financiación educativa estable. Esta ley hubiera servido para mitigar los recortes que sufrimos en Castilla-La Mancha y ante los cuales CSIF ya avanza que se movilizará muy pronto e incluso convocará una jornada de huelga en la región.

 

CSIF reclama un pacto de Estado ante la crisis de vivienda

Junto a sus reivindicaciones laborales, CSIF manifiesta su preocupación por la grave crisis de acceso a la vivienda que afecta a miles de ciudadanos, familias y trabajadores en España.

 

El sindicato considera que la vivienda constituye un problema transversal que requiere soluciones globales, responsables y de Estado, y reclama a las diferentes administraciones que adopten medidas que permitan garantizar el acceso a una vivienda digna y evitar que el precio de la vivienda termine condicionando el empleo y la prestación de los servicios públicos.

 

Las próximas Elecciones Generales constituyen un ámbito adecuado para que las diferentes opciones políticas trasladen a la ciudadanía sus propuestas y soluciones ante esta problemática.

 

El sindicato reclama, por ello, un pacto de Estado en materia de vivienda que permita abordar de manera integral el problema y que tenga en cuenta tanto a las familias y particulares como a los trabajadores y a las propias administraciones públicas.