La Junta de Personal del Gobierno de Cantabria denuncia el “bloqueo absoluto” en la actualización de las fichas de puestos de trabajo en el Gobierno de Cantabria

Según han señalado, la Administración continúa operando con fichas de puestos de trabajo que, en su mayoría, no han sido actualizadas desde 1989, lo que supone cerca de cuatro décadas de desfase. Esta “obsolescencia”, advierten, provoca una desconexión total entre las funciones recogidas en dichos documentos y la realidad diaria del trabajo desempeñado por los empleados públicos, quienes asumen tareas que exceden o difieren notablemente de las definidas oficialmente.

Las organizaciones sindicales han alertado de que una aplicación estricta de estas funciones “desfasadas” generaría una grave disfunción en el funcionamiento de la Administración, pudiendo incluso comprometer la prestación de los servicios públicos o derivar en la paralización de la actividad ordinaria.

Asimismo, la Junta ha subrayado que esta situación resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que en 2016 el Gobierno de Cantabria adjudicó un contrato a una empresa privada para analizar y actualizar estas fichas. Sin embargo, a día de hoy, los sindicatos aseguran no haber tenido acceso ni al contenido del contrato ni a los resultados de los trabajos realizados, pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones.

En este contexto, recuerdan que se constituyó la Mesa Técnica de Fichas de Puestos, un órgano llamado a abordar esta problemática de forma participativa. No obstante, denuncian que, pese a sus insistentes peticiones, la mesa no ha sido convocada y sus solicitudes han sido “completamente ignoradas”.

La situación ha sido trasladada formalmente tanto a la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, como a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta por parte de la Administración, según la representación sindical.

Ante este escenario, la Junta de Personal ha denunciado la “falta de transparencia, la inacción administrativa y el abandono de una cuestión clave para la organización del empleo público”, y ha exigido con carácter urgente la actualización de las fichas de puestos de trabajo, la convocatoria inmediata de la Mesa Técnica y el acceso a la información relativa al contrato adjudicado en 2016.

Los sindicatos advierten de que este “bloqueo absoluto” no solo afecta al funcionamiento interno de la Administración, sino también a procesos esenciales como la movilidad del personal y los procesos selectivos. En este sentido, destacan que la falta de actualización impide la implantación del concurso abierto y permanente, generando una “desorganización estructural” y una pérdida de eficacia en la gestión de los servicios públicos.

Como ejemplo, han señalado la situación del Cuerpo General Auxiliar de nuevo ingreso, cuyo proceso selectivo finalizó en enero de 2025 y que, tras más de un año, sigue pendiente de la toma de posesión, con 75 aspirantes aún a la espera de adjudicación de plaza.

“Resulta inaceptable que se hable de modernización y simplificación administrativa mientras el Gobierno regional es incapaz de dar respuesta a esta problemática”, han recalcado, señalando además que la falta de adecuación de las fichas de puestos pone en riesgo la seguridad jurídica del personal funcionario e impide la aplicación del concurso abierto y permanente, sustituido en la práctica por un sistema de comisiones de servicio que consideran “una libre designación encubierta”.

Finalmente, la Junta de Personal ha insistido en que “lo que está en juego no es solo una reivindicación laboral, sino el correcto funcionamiento de la Administración y la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía”.