La necesidad de acometer profundos cambios organizativos, funcionales y tecnológicos en la Administración de Justicia es una aspiración compartida por todos los operadores jurídicos desde hace años. La ciudadanía demanda un servicio público de justicia eficiente, transparente, comprensible, accesible, cercano y eficaz que, por otro lado, constituye el núcleo esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En este sentido, como parte de ese proceso, la implantación de los Tribunales de Instancia y de la oficina fiscal supone una transformación sin precedentes de la Administración de Justicia en Cantabria.

No obstante, todo proceso de transformación exige importantes inversiones en medios personales y materiales que la comunidad autónoma de Cantabria deberá asumir en los próximos años. Así, es necesario planificar una estrategia adecuada para afrontar los notables cambios que va a sufrir el modelo tradicional de la Justicia y las condiciones laborales de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, como consecuencia de la implantación de los tribunales de instancia y las leyes de eficiencia, que exige un reconocimiento económico proporcional.

Por otra parte, el acuerdo firmado en el año 2008, por la entonces Consejería de Presidencia y Justicia y las organizaciones sindicales más representativas en la Administración de Justicia cántabra, dejaba abierta la puerta a la negociación de mejoras laborales y retributivas del personal de Justicia ligadas a la implantación de un nuevo modelo organizativo, la denominada nueva oficina judicial, que tras la aprobación de la LO 1/2025, se ha visto superada por el nuevo modelo organizativo de Tribunales de instancia y de las oficinas fiscales.

Finalmente, en una Administración en la que intervienen diversos operadores jurídicos, cualquier planificación estratégica debe ser consensuada con todos ellos, estableciendo las líneas de actuación adecuadas para la consecución de los objetivos fijados teniendo en consideración el papel fundamental del personal de la Administración de Justicia en la implementación y consolidación de los cambios que se precisen.

Infraestructuras digitales.

La digitalización constituye uno de los ejes centrales de esta reforma. La implantación del Expediente Judicial Electrónico y de los nuevos sistemas de gestión procesal, representadas en las evoluciones del sistema de gestión procesal Vereda y la implementación de otras aplicaciones o programas específicos, han supuesto y suponen para los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia un notable esfuerzo y trabajo de adaptación y formación diario que debe ser reconocido retributivamente. Ese esfuerzo y la implicación del personal en el desarrollo de las mismas permitirá que, aun con las incidencias y disfunciones iniciales, el sistema pueda ir perfeccionándose para permitir un funcionamiento óptimo.

Por otro lado, el Expediente Judicial Electrónico supone una nueva forma de trabajar, que requiere de una total adaptación por parte de los usuarios y cabe destacar que en líneas generales el colectivo de los funcionarios de justicia presenta una actitud comprometida y proactiva con estos cambios que suponen un avance en la digitalización de la Justicia. De su total implicación dependerá el éxito de esta novedosa forma de trabajo.

Son muchos los cambios a los han de enfrentarse los funcionarios y funcionarias de Justicia, muchos de ellos derivados precisamente de la instauración del nuevo modelo organizativo instaurado por la Ley Orgánica 1/2025, pero también por las continuas reformas en materia procesal y de competencia jurisdiccional, o los propios derivados de la implantación del sistema DICIREG para el Registro Civil, la virtualización de puestos de trabajo, la posibilidad de compatibilizar con otras tareas y funciones, la adaptación a nuevos protocolos de trabajo con profundas y radicales formas de trabajar distintas a las actuales que se desarrollan desde hace decenios en los juzgados, etc., cambios todos ellos por los que apuesta la Consejería de Presidencia, Justicia y víctimas del terrorismo que requieren formación y un esfuerzo adicional derivado de la imprescindible adaptación a nuevos modelos de trabajo.

Esta transición digital, no debe convertirse en una externalización del coste formativo hacia el trabajador, ni una sobrecarga sin recompensa por la carga cognitiva y el esfuerzo de adaptación tecnológica.

Recursos Humanos y reformas procesales.

No cabe duda de que los grandes protagonistas de este eje de actuación son los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia en Cantabria que serán actores necesarios para la gestión eficiente de los procedimientos asumiendo el incremento de la carga de trabajo y la presión en la reducción de tiempos debe ir acompañado de un sistema transparente y justo de compensación retributiva.

En este sentido, cabe destacar la necesidad de implicación del personal de justicia en la implementación y consolidación de los denominados mecanismos adecuados de solución de controversias o MASC, las nuevas funciones de las oficinas de justicia en el municipio y de la normalización de las novedades procesales que se vienen implantando en Justicia en los últimos meses y años en una Justicia cada vez más especializada.

Recursos humanos y reformas organizativas.

El nuevo modelo flexible de organización que se pretende implantar, con servicios comunes, áreas y equipos, y de distribución del trabajo conforme a los protocolos de actuación tendrán que elaborarse y publicarse para el funcionamiento interno de las oficinas judiciales y fiscales, así como la necesidad de fomentar y consolidar el trabajo en equipo que es uno de los elementos esenciales de esta reforma debe ir acompañado de un reconocimiento retributivo que permita lograr la plena implicación del personal de justicia en la normalización de este nuevo modelo organizativo.

Calidad del servicio y justicia de los cuidados.

Dentro de la denominada Justicia de los cuidados, el objetivo central de este eje es ofrecer un servicio judicial más cercano, eficiente y humano a los ciudadanos. Los funcionarios, como cara visible de la Administración, deben asumir un rol destacado en la mejora de la atención al ciudadano, superando barreras cognitivas, sensoriales y físicas y garantizando la comprensión de los procedimientos por parte de los usuarios. La formación en inteligencia emocional, mediación y resolución alternativa de conflictos será clave para mejorar la calidad del servicio.

Se prioriza la eliminación de barreras físicas, cognitivas y sensoriales, así como la mejora en la comprensión de los procedimientos por parte de los ciudadanos, los funcionarios que tratan día a día con los ciudadanos deberán realizar un esfuerzo extra por conseguir adaptar el lenguaje jurídico a cualquier barrera cognitiva que se presente.

Se impulsará la mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos, lo que requerirá de nuevas competencias en atención y comunicación por parte de los funcionarios.

Es necesario mejorar los sistemas de coordinación de los órganos judiciales con diferentes organismos que operan en la Administración de Justicia estableciendo unas pautas de actuación comunes para mejorar la atención a los ciudadanos más vulnerables, lo que implica también un esfuerzo y en ocasiones formación para los funcionarios que desarrollen estas tareas.

Sostenibilidad.

Adoptar la sostenibilidad debería significar un cambio dentro de la cultura laboral, llegando hasta los valores de la organización, por lo que es esencial involucrar a los trabajadores en el camino y desarrollo de estos nuevos cambios. La sostenibilidad no debería limitarse a un área específica dentro de la Administración, sino ser comunicada efectivamente, enseñada e implementada transversalmente en todos los niveles del trabajo.

Invertir esfuerzos y recursos monetarios y de tiempo en el conocimiento de los trabajadores y su bienestar es crucial para mantenerlos preparados y conscientes de los retos presentes y futuros, no solo dentro de la Administración, sino también en su día a día, ya que la sostenibilidad no es un factor meramente laboral, sino una cuestión de proteger el futuro y nuestra forma de vida.

Un paso importante para crear una cultura de sostenibilidad en el lugar de trabajo es proporcionar formación sobre sostenibilidad. Involucrar a los trabajadores en el objetivo de creación del programa de sostenibilidad es la clave para lograrlo y dado que los funcionarios de los cuerpos generales y especiales representan el colectivo más numeroso de trabajadores, sólo mediante su formación y concienciación y ejecución de prácticas sostenibles, se logrará este reto tan importante.

La Consejería de Presidencia, Justicia y víctimas del terrorismo, como se ha dicho al principio, es consciente de que en esta transformación sin precedentes en la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma, es pieza clave la implicación directa del personal perteneciente a los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia que trabajan en ella.

Por ello se estima imprescindible, para esta etapa de profunda transformación, desarrollar un Plan de actuación que impulse el desarrollo y consecución exitosa del Plan Estratégico en sus diferentes Ejes, comprometiendo y motivando al personal para lograr su implicación y compromiso en todos ámbitos, en los que son parte imprescindible.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2025-2027

Si se exigen resultados, debe haber un sistema transparente y justo de retribución por productividad, que incentive y recompense el desempeño profesional.

En consonancia con lo expuesto, y con amparo en el artículo 516 B) 2º a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establece un programa concreto de actuación para los años 2025- 2027, centrándose en el proceso de profunda transformación de la Administración de Justicia mediante la implicación del personal en los diferentes apartados incluidos en este documento, para la consecución de los siguientes objetivos:

1.- Recursos Humanos.

La transformación digital, tecnológica, procesal y organizativa de la Administración de Justicia en Cantabria, así como las modificaciones legislativas con repercusión en el procedimiento judicial, requieren la constante implicación y adaptación del personal, que ha de adquirir directamente las competencias y conocimientos necesarios para lograr estos objetivos.

La complejidad del periodo de transición del modelo organizativo actual al nuevo modelo propuesto en la ley de eficiencia y desarrollado en los protocolos de actuación de cada servicio requieren un esfuerzo adicional del personal de Justicia en Cantabria en la adaptación y en la formación continua.

2.- Infraestructuras Digitales. Proceso de digitalización plena.

Se implementará la consecución de la plena digitalización de la Administración de Justicia, mediante el uso normalizado del expediente judicial electrónico y de las novedades del programa de gestión procesal Vereda y otros programas de uso cotidiano en la Administración de Justicia, así como DICIREG, en el ámbito del Registro Civil.

En este ámbito, la Consejería pondrá en marcha, previa negociación colectiva sobre su contenido, planes de formación específicos con el objetivo de generalizar el correcto uso de las aplicaciones informáticas lo que redundará en una Justicia más ágil, eficiente y eficaz.

3.- Calidad del Servicio. Atención a la ciudadanía.

El personal al servicio de la Administración de Justicia en Cantabria se implicará de manera activa en conseguir un servicio público de Justicia cercano, eficiente, de calidad y humano con especial atención a la denominada justicia de los cuidados.

La Consejería desarrollará, previa negociación colectiva de su contenido, planes de formación centrados en la atención a la ciudadanía, inteligencia emocional y atención plena, para que el personal adquiera y desarrolle las habilidades necesarias para la atención al ciudadano.

El personal colaborará con la Administración en la eliminación de barreras físicas, cognitivas y sensoriales y a la mejora de la comprensión de los procedimientos por parte de los ciudadanos.

Asimismo, colaborará en el impulso a la mediación y uso de métodos alternativos de resolución de conflictos, como vía que propicie la disminución de la elevada litigiosidad que padece la Administración de Justicia en Cantabria. La Consejería impulsará también acciones formativas en esta materia.

4.- Sostenibilidad.

El personal al servicio de la Administración de Justicia colaborará con la Administración en la consecución de los objetivos de sostenibilidad, implicándose en la reducción del consumo energético y la eliminación del uso del papel, siguiendo las indicaciones, recomendaciones e instrucciones emitidas desde la Consejería para el logro de estos objetivos, tales como el apagado de los equipos tras la jornada de trabajo, la utilización exclusiva de medios informáticos para la tramitación procesal evitando la impresión innecesaria de documentos, optimización de todos los parámetros de la gestión de la energía en los equipos informáticos, apagado de iluminación artificial cuando sea suficiente la luz natural, etc.

La sostenibilidad no solo debe ser un objetivo a nivel de gestión ambiental, sino una cultura transversal que impregne todos los niveles de la organización. En este sentido, se promoverán prácticas como la eliminación del uso del papel, la optimización del consumo energético y la gestión eficiente de los recursos, todo ello con el objetivo de reducir la huella de carbono de la Administración de Justicia en Cantabria.

5.- Otros programas.

La Consejería y las organizaciones sindicales podrán negociar la implantación de otros programas tendentes a la mejora de la Administración de Justicia en Cantabria destinados, entre otros objetivos, a la agilización de los procedimientos judiciales, con el objetivo de lograr la reducción de la pendencia en la parte de la tramitación procesal que corresponde a la oficina judicial y a la oficina fiscal.

Por su parte, la Consejería de Justicia se compromete a mantener el plan de actuación de violencia sobre la mujer dirigido a reconocer la especial disponibilidad, dedicación y formación específica que esta materia exige para el personal de Justicia encargado de la gestión y tramitación de los procedimientos encomendados a jueces, magistrados y secciones de esta especialidad de jurisdicción que van a ver ampliada, por otro lado, sus competencias a partir del mes de octubre de este año.

Para ello, se convocará la mesa sectorial de negociación en la que se analizará la adaptación del plan de actuación vigente a la nueva configuración de la oficina judicial en las diferentes sedes judiciales en Cantabria, sin perjuicio de la posibilidad de incorporar las cantidades fijadas en este plan en el complemento específico de determinados puestos singulares especializados en las materias competencia de los jueces, magistrados y secciones del Tribunal de violencia sobre la mujer tal y como se preveía en el citado plan de actuación vigente.

Compensación económica.

Como consecuencia de todo lo expresado hasta ahora, la implantación de los tribunales de instancia y las reformas de las leyes de eficiencia, es legítimo y necesario que se acompañe de una compensación económica adecuada:

1º.- Por su participación en el presente Programa, durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, se abonará al personal al servicio de la Administración de Justicia perteneciente a los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Tramitación Procesal Administrativa y Auxilio Judicial, las siguientes cantidades: