CSIF-A denuncia las numerosas incidencias en las oposiciones de educación y exige una revisión y acciones urgentes ante el perjuicio ocasionado a aspirantes y tribunales

• La Central Sindical muestra su firme rechazo a que errores de tipo formal puedan suponer la exclusión directa del proceso selectivo por ser una decisión desproporcionada
• Señala los problemas técnicos en la plataforma de subida de programaciones y los errores en los casos prácticos de algunas especialidades

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ha denunciado las numerosas incidencias que se están produciendo en el proceso de oposiciones docentes en Andalucía y ha exigido a la Administración una revisión y acciones urgentes para reparar las perjuicios ocasionados a las personas aspirantes.

En una carta dirigida al director General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la Central Sindical ha expresado su profunda preocupación ante las diversas cuestiones trasladadas a representantes sindicales de CSIF. En este sentido, la organización sindical ha explicado que siempre ha defendido que el acceso a la función pública docente se realice respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; “sin embargo, lo que se está viviendo en esta convocatoria dista mucho de garantizar esos principios y, muy en particular, en lo referido a las decisiones adoptadas sobre invalidaciones tanto de la prueba escrita como de la programación didáctica”, ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

La Central Sindical ha apuntado que ya el pasado mes de febrero, en la Mesa Sectorial en la que se abordó la convocatoria de oposiciones, mostró su firme rechazo a que errores de tipo formal pudieran suponer la exclusión directa del procedimiento selectivo y exigió garantías de que los criterios aplicados fueran públicos y homogéneos.

“Entendemos que determinados errores puedan ser objeto de penalización, pero siempre de manera proporcionada y sin invalidar su participación en el procedimiento selectivo; en caso contrario, la adopción de decisiones basadas en aspectos formales, con omisión total de la valoración de la competencia pedagógica y profesional del aspirante, supone una barrera desproporcionada”, ha lamentado García, quien ha añadido que “en muchos casos se limita injustamente el acceso a la siguiente fase del procedimiento a personas válidas, bien preparadas, con capacidad y méritos suficientes para superar las pruebas”.

Para la Central Sindical resulta “especialmente llamativo” que, a pesar de que los opositores se vieron obligados a presentar su programación hace casi dos meses, no haya sido hasta ahora cuando se les ha comunicado su invalidación por cuestiones meramente formales. “En algunos casos, incluso, dicha advertencia se ha producido tras la exposición de la programación y de la unidad didáctica, lo que incremente aún más la sensación de indefensión”, ha denunciado la presidenta de CSIF Educación Andalucía.

CSIF ha señalado, además, que el malestar generado durante este proceso no se limita al colectivo de opositores, sino que los miembros de los diferentes tribunales también han expresado su incomodidad ante la obligación de aplicar criterios excesivamente rígidos, que impiden valorar la competencia docente y la aptitud pedagógica de los aspirantes. Situaciones que, lejos de fortalecer el sistema, dificultan la selección de los mejores profesionales y compromete seriamente los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública docente.

Por otro lado, la Central Sindical también ha hecho referencia a otras incidencias de especial relevancia durante el proceso selectivo como los problemas técnicos que afectaron a la plataforma de subida de las programaciones. A pesar de los evidentes fallos registrados en las últimas horas del plazo, no se ofreció ninguna posibilidad de ampliación ni se adoptaron medidas para reforzar la capacidad de los servidores. La Central Sindical ya trasladó esta situación a la Consejería y solicitó la subsanación de estos problemas, pero la Administración no aplicó soluciones efectivas, por lo que se ha perjudicado directamente a opositores que, por causas totalmente ajenas a su voluntad, no pudieron presentar su documentación en plazo.

“No puede responsabilizarse a quienes, de forma legítima, apuraron las últimas horas disponibles. Es deber de la Administración garantizar el correcto funcionamiento del sistema desde el inicio del plazo hasta su cierre”, ha manifestado García. La Central Sindical ha señalado que esta situación pone en tela de juicio la conveniencia de exigir la entrega de la programación con tanta antelación y se pregunta si esta práctica responde verdaderamente a una mejora del procedimiento o si se está convirtiendo en un mecanismo más para recudir el número de aspirantes.

En este sentido, la responsable sindical ha recordado que desde CSIF ya se propuso que la entrega de la programación didáctica se realizara únicamente una vez superada la primera prueba para evitar situaciones injustas tan como las que se han producido.

En cuanto al desarrollo de las pruebas, CSIF ha destacado las incidencias producidas en tribunales de Audición y Lenguaje, donde faltaron copias suficientes del caso práctico, lo cual generó desconcierto y nerviosismo en momentos especialmente delicados para los opositores. De igual manera, CSIF ha señalado los errores en los casos prácticos de algunas especialidades como Pedagogía Terapéutica, en cuyas pruebas se partía de un error de base que limitaba las opciones de los aspirantes, “pues elaborar un ejercicio erróneo suponía asumir ese mismo error de base por parte del opositor”. En la especialidad de Biología y Geología, no se respetó la delimitación de  los cuatro bloques de contenido establecidos en las bases para la confección de los casos prácticos.

Por todo ello, CSIF Educación Andalucía ha solicitado a la Administración que adopte, con carácter urgente, las medidas necesarias para dar respuesta a las incidencias señaladas, especialmente aquellas cuya resolución aún es posible en el marco del proceso en curso.