Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia en Andalucía.

 

Celebrada sesión del Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia en Andalucía con los siguientes puntos de orden del día:

1. Actuaciones realizadas en relación con el Protocolo de Implantación de los Planes de Emergencia en las sedes judiciales, fiscales y en los institutos de medicina legal

Se han llevado a cabo diversas actuaciones en el marco del Protocolo para la Implantación de los Planes de Emergencia en las sedes judiciales, fiscales y en los institutos de medicina legal de Andalucía, con el objetivo de reforzar la seguridad, la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

Entre las principales acciones desarrolladas destacan las siguientes:

• Impulso general a los Planes de Emergencia
• Realización de simulacro,en la Ciudad de la Justicia de Málaga
• Planificación progresiva de simulacros de evacuación en todas las sedes judiciales andaluzas, dando cumplimiento a una demanda reiterada por parte de CSIF Justicia en los últimos años, con el fin de garantizar una formación práctica y una adecuada respuesta ante emergencias.
• Elaboración y actualización, por provincias, del estado de los Planes de Emergencia.
• Solicitud de  implicación de las Secretarías Provinciales, animándolas a impulsar y coordinar las actuaciones necesarias para la mejora continua en esta materia.
• Visitas provinciales de seguimiento y coordinación, con el propósito de evaluar la situación en cada territorio y establecer medidas de mejora específicas.

 

2. Consulta y participación sobre la corrección de errores de la metodología para la evaluación de riesgos por agresiones externas y trabajo realizado con relación a las fichas de identificación de puestos con riesgo.

Desde CSIF se ha trasladado a la Administración la necesidad de informar a todo el personal funcionario de la Administración de Justicia en Andalucía sobre la existencia y contenido del Protocolo de Actuación frente a la Violencia Externa, instrumento esencial para la prevención, detección y actuación ante agresiones que puedan sufrir los trabajadores y trabajadoras en el desempeño de sus funciones.

Se ha recordado que las agresiones verbales y físicas hacia este personal constituyen una problemática real, habitual y creciente, que no se limita únicamente a las diligencias realizadas fuera de sede, sino que también se producen en los propios centros de trabajo y sedes judiciales, especialmente durante las tareas de atención al público.

Desde CSIF se ha denunciado en reiteradas ocasiones esta casuística, insistiendo en que los puestos de trabajo susceptibles de riesgo por agresiones externas deben estar debidamente registrados e identificados por la Administración. Solo de este modo se podrán adoptar las medidas preventivas adecuadas previstas en el protocolo de violencia externa, así como en las correspondientes fichas de identificación y evaluación de puestos de riesgo.

 

3. Información sobre diferentes gestiones realizadas con relación a la prevención de riesgos laborales de los médicos forenses

 

Desde Consejería nos informan de los planes de formación dirigidos a los médicos forenses que corren a cargo de Empleo Público así como administración de vacunas para estos facultativos, indicando a cada uno las que deben ponerse.

Además se nos comunica que se van a suministras EPIS para los médicos forenses que hacen actuaciones de calle.

 

4. Información con relación a la aplicación de la Instrucción IS-47, de 9 de abril de 2025, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueba el listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón en sedes judiciales, fiscales e institutos de medicina legal.

 

En junio pasado, CSIF Justicia Andalucía remitió un escrito a la Consejería solicitando información sobre las evaluaciones de concentraciones de radón en las sedes y edificios administrativos judiciales de titularidad pública situados en las ocho provincias andaluzas. La solicitud se centraba especialmente en aquellas instalaciones con áreas en planta baja o bajo rasante, así como en las medidas preventivas o correctoras adoptadas en los centros donde los niveles de radón superen el nivel de referencia.

La Consejería ha informado sobre las provincias afectadas y ha indicado que, durante el primer trimestre del próximo año, se realizarán las mediciones correspondientes en las sedes judiciales de propiedad de la Administración.

En cuanto a las sedes judiciales ubicadas en instalaciones municipales, se nos ha comunicado que se instará a los Ayuntamientos a efectuar las mediciones de radón. En caso de que estas no se lleven a cabo, la Consejería se encargará directamente de su realización.

 

 

 

 

5. Propuesta de aportaciones realizadas por los Asesores Técnicos de Prevención y varias organizaciones sindicales con relación a la modificación de Procedimientos del Plan de Prevención.

 

En junio pasado desde CSIF se presentaron alegaciones a los Procedimientos de Plan de Prevención, en virtud del procedimiento de consulta y participación de los Delegados de Prevención, tal como establece la normativa de prevención de riesgos laborales.

Con esta presentación de alegaciones, CSIF ejerció su derecho a intervenir en la toma de decisiones preventivas, contribuyendo a que el Plan de Prevención se ajuste a las necesidades reales del personal de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, exigiendo se  cumpla con los estándares de seguridad y salud laboral y formación al respecto para todo el personal

 

6. Resumen de actuaciones llevadas a cabo para la implantación de los Tribunales de Instancia de la fase 1 y 2 y previstas para la fase 3.

 

Desde CSIF, en este punto, hemos vuelto a reiterar una vez más la nula respuesta de la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, no solo ante la implantación de los Tribunales de Instancia, sino en todo momento anterior, por ejemplo @driano. Hemos reclamado, en la presencia de este comité, la asistencia de un miembro de dicha Secretaría que dé respuesta a las múltiples incidencias que afectan a las sedes judiciales, aspecto estrechamente relacionado con la prevención de riesgos, por supuesto, sin que dicha comparecencia se haya producido. Asimismo, las mesas monográficas sobre infraestructuras brillan por su ausencia, al igual que las respuestas y soluciones efectivas a los múltiples problemas y al lamentable estado de las sedes judiciales andaluzas.

 

7. Propuesta para la elaboración de Evaluaciones de Riesgos Psicosociales tras la implantación de los Tribunales de Instancia.

 

Este punto del orden del día ha sido propuesto por CSIF Justicia Andalucía tras la solicitud de evaluación de riesgos psicosociales el pasado mes de  octubre. Esta solicitud se realizó dada  la grave situación de riesgo psicosocial y estrés laboral que afecta al personal funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia en Andalucía, motivada y agravada por el caos originado por la implantación de los Tribunales de Instancia a lo que se une, la falta de medios humanos, materiales y tecnológicos y el deficiente estado de muchas sedes judiciales . Todos estos factores han ido   desembocando en una situación crítica y caótica a la que se hace frente por medio del esfuerzo y responsabilidad profesional de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos generales. Este esfuerzo, se realiza a costa de su salud física y mental, y no puede ni debe servir como excusa para la pasividad que muestra la Consejería ante la situación de su personal, que posee una capacidad de adaptación nunca vista ante  este panorama tan adverso . Muy al contrario, debe interpretarse como una razón de máxima urgencia para adoptar medidas inmediatas de evaluación, prevención y corrección de los riesgos psicosociales existentes, garantizando así la salud laboral, la dignidad profesional y la calidad del servicio público de Justicia .

Desde CSIF insistimos en la necesidad de llevar a cabo esa evaluación ante un panorama que no tiene visos de ser temporal y viene para quedarse si  no se ponen por parte de la Administración los medios oportunos. Y  es esta la excusa, la temporalidad, que desde la Administración hoy ponen para no atender nuestra solicitud.

 

8.Propuesta de implantación de curso de Mindfullnes en sedes judiciales.

 

Esta propuesta busca la implementación de un curso de Mindfulness adaptado a sedes judiciales, orientado a mejorar la calidad de vida laboral y la eficiencia profesional, que según nos informan se ha realizado en la provincia de Malaga y que se interesa extender a todas las provincias andaluzas