Una única vigilante de seguridad evita una grave agresión al médico de guardia del centro de salud de Amate

Sevilla, 3 de noviembre de 2026. La Sección Sindical de CSIF en Ilunion Seguridad ha denunciado este lunes que una sola profesional de seguridad privada, que prestaba servicio en la madrugada del 1 de noviembre en el punto de urgencias (DCCU) del Centro de Salud de Amate, tuvo que hacer frente a una agresión sufrida por el médico de guardia de este centro sanitario. 

Hacia las 0:15 horas, un usuario y un acompañante irrumpieron en la consulta arrojando material médico y profiriendo insultos y amenazas. Varias de esas expresiones se dirigieron al propio facultativo, cuestionando su profesionalidad y su presencia en el país por razón de su origen. La vigilante, sola al frente del dispositivo de seguridad, se interpuso entre los presuntos agresores y el facultativo y logró contener la situación hasta la llegada de la Policía Nacional, protegiendo también a los usuarios presentes en la sala de espera.

Lo ocurrido en Amate no es un hecho puntual. Forma parte de una escalada de agresiones y situaciones de riesgo extremo que afecta de forma reiterada al personal de seguridad privada en la red sanitaria pública andaluza, especialmente en Urgencias y puntos de alta afluencia.

En las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), apenas hace unos meses, un vigilante fue brutalmente agredido por un grupo de más de diez acompañantes de un paciente (puñetazos, patadas, mordiscos y golpes con objeto contundente), resultando con brecha en la cabeza, corte profundo en el labio y múltiples mordeduras; una compañera que acudió en su auxilio también resultó herida. Poco después, en las mismas Urgencias, otro altercado derivó en agresión a un vigilante y a una dotación de Policía Nacional presente en el centro. En diciembre del pasado año, vigilantes del HUVR intervinieron de forma decisiva ante un individuo que accedió al área de Atención al Ciudadano con botes de gasolina, arma blanca de grandes dimensiones y martillo, logró atrincherarse con una trabajadora sanitaria a la que usó como escudo humano y fue reducido y engrilletado por el servicio de seguridad privada hasta la llegada de la Policía Nacional. CSIF ya denunció entonces la invisibilización de esa actuación profesional.

Estos sucesos —y otros de carácter verbal o físico que se producen con frecuencia— evidencian que los vigilantes de seguridad están en la misma primera línea que el personal sanitario y que la precariedad de recursos (en muchos casos un único efectivo por turno o centro) multiplica el riesgo para todos.

Según la información aportada por CSIF, la Policía Nacional indicó al médico que debía acudir después a comisaría para denunciar. CSIF reconoce la labor de los agentes, pero considera que un profesional que acaba de sufrir un episodio violento, en plena guardia de 24 horas, no debería cargar con ese desplazamiento.

Los hechos descritos podrían constituir un delito de atentado contra funcionario público (art. 550.2 del Código Penal), delito público que puede investigarse sin denuncia previa de la persona agredida. Dado que las expresiones xenófobas se dirigieron al propio facultativo por razón de su origen, podría apreciarse además la agravante de discriminación (art. 22.4 CP). La calificación corresponde a los tribunales, y CSIF respeta la presunción de inocencia.

Por ello, CSIF anima al facultativo a ejercitar las acciones que estime oportunas y pide al SAS que permita formalizar la denuncia en el propio centro o por vía institucional, y que se persone en el procedimiento a través de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

Protección para todos los profesionales

CSIF insta a la Junta de Andalucía a cumplir los plazos anunciados por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y a aprobar sin más demora la norma contra las agresiones al personal sanitario, cuya necesidad el sindicato lleva años defendiendo. Lo ocurrido en Amate, unido a los episodios de violencia física sufridos por vigilantes en el HUVR y a la intervención de estos ante amenazas graves, demuestra que la violencia no solo alcanza a personal santiario, sino también a quienes velan por su seguridad. Por ello, CSIF pide que la norma extienda su protección, dentro del ámbito competencial de la Comunidad, a las personas que prestan servicio en los centros del sistema sanitario público a través de empresas contratadas, entre ellas el personal de seguridad, tanto en las medidas de prevención y atención como en el régimen sancionador.

Este suceso evidencia la precariedad con la que una sola vigilante asume la protección de un centro con alto flujo de urgencias. CSIF reclama que se impulse el marco normativo, con garantías de finalidad, cadena de custodia y protección de datos, que permita al personal de seguridad privada de urgencias y atención primaria portar cámaras corporales (bodycams) homologadas, por su efecto disuasorio y su valor probatorio. Esta medida, exigida de forma reiterada por la Sección Sindical tras los graves incidentes del HUVR, resulta ya inaplazable, junto con el refuerzo de efectivos, protocolos claros de actuación y una cartelería de seguridad visible y contundente en los accesos.

CSIF reitera su compromiso con la defensa de los vigilantes de seguridad y seguirá exigiendo a empresas y administraciones las garantías necesarias para que nadie se juegue la integridad física en su puesto. Recordamos que, conforme al artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el hospital y los centros sanitarios tienen la obligación legal de velar por la seguridad de todos los trabajadores, incluidos los de las contratas.