CSIF urge al Ayuntamiento a dotar de identificación oficial a la plantilla municipal de Servicios Sociales en lugar de publicar una “guía pionera”

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15 de julio de 2026

Desde la llegada de Sanz a la Alcaldía, la Central Sindical reclama un carnet profesional que evite fraudes a colectivos vulnerables y garantice la atención ante casos de menores en riesgo, agresiones o amenazas. El pasado octubre, un matrimonio de ancianos sufrió un robo en su domicilio por falsos trabajadores sociales

Sevilla, 15 de julio de 2026.- La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha urgido este martes, a través de un nuevo escrito dirigido al Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, a dotar de una identificación oficial a la plantilla municipal de Servicios Sociales. Una demanda que la Central Sindical, como refiere dicho documento, viene solicitando desde la llegada de José Luis Sanz a la Alcaldía de Sevilla. 

CSIF basada además sus reclamaciones en las gestiones llevadas a cabo recientemente por sus delegados sindicales. En una visita a la imprenta municipal, sus responsables les indicaron que no tenían constancia de ninguna petición para la impresión de carnets profesionales para Servicios Sociales. Señalaron igualmente que estos trabajos llegan a la imprenta desde Gobierno Interior y con el visado de Comunicación. En dicho Servicio de Gobierno Interior, la respuesta recibida por CSIF fue idéntica, sin tener constancia alguna, tal como también ha ocurrido al cursar estas consultas con el área de Comunicación. Cabe destacar que estos mismos responsables indican que el procedimiento es bastante simple.

CSIF Ayuntamiento de Sevilla insiste en que cualquier empleado municipal que desarrolle su labor en vía pública o realice visitas domiciliarias, debe estar identificado. “Hay personas mayores que no quieren abrir la puerta, casos de menores en situación de riesgo, casos de agresiones y amenazas… y como funcionarios públicos en el ejercicio de nuestras funciones, la respuesta que recibimos, en muchas ocasiones, es “¿y usted quién es?”, explica el delegado de CSIF Fran Ruiz. 

Cumplimiento normativo

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en su artículo 41, denominado “Actuaciones por parte de los Servicios Sociales”, establece que “el personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá solicitar, en su ámbito geográfico correspondiente, la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los servicios sanitarios y de cualquier servicio público que fuera necesario para su intervención”.

Esta ley indica asimismo que “cuando los servicios sociales de atención primaria tengan conocimiento de un caso de violencia en el que la persona menor de edad se encuentre además en situación de desprotección, lo comunicarán inmediatamente a la Entidad Pública de Protección a la infancia. Cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acompañar a la persona menor de edad a un centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores o a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche que la mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal”.

Medidas del Ayuntamiento: una “guía pionera” 

Esta nueva petición formal de CSIF sucede tras la presentación el mismo día –este martes, 14 de julio– por parte del Ayuntamiento de Sevilla de una nueva Guía de Servicios de Derechos Sociales; un documento que el propio equipo de gobierno califica de “documento pionero” y que unifica, en una sola publicación, la oferta de atención social municipal. 

“Una persona en riesgo de exclusión no va a mirar ninguna guía: necesitan un profesional, tal como recoge la ley, el cual informe a la autoridad si se producen casos de desprotección y para el uso adecuado de recursos”, explica el delegado de CSIF. “Hay que trabajar con quienes no tienen posibilidades y no son competentes”. CSIF subraya en este sentido que, si el objetivo es acercar la administración local a los sevillanos para que ninguna persona deje de recibir un recurso público por desinformación, “lo último que debe hacer el Ayuntamiento de Sevilla es vender humo”.

Los responsables sindicales de CSIF ponen también como ejemplo del impacto de esta situación en la ciudadanía el suceso ocurrido el pasado 20 de octubre, en el que un matrimonio de ancianos del Distrito Macarena sufrió un robo en su domicilio por falsos trabajadores sociales. Según refleja la denuncia realizada ante la Policía, el matrimonio pidió una acreditación con alguna documentación oficial, pero recibieron la respuesta de que no era necesario y que al día siguiente recibirían indicaciones desde el Ayuntamiento de Sevilla.

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