CSIF denuncia una nueva agresión a un vigilante en el Virgen del Rocío y vincula la situación del sector al “desamparo jurídico” y la “falta de voluntad política”

Sevilla, 29 de mayo de 2025.- CSIF denuncia una vez más la vulnerabilidad legal en la que se encuentran los profesionales de la Seguridad Privada tras denunciar una nueva agresión a un vigilante, ocurrida la pasada semana en el Hospital Virgen del Rocío. Responsables sindicales de CSIF en la empresa Ilunion Seguridad subrayan que el incidente evidencia la desprotección de los trabajadores y, especialmente, el desamparo jurídico en que se encuentran, así como la falta de una voluntad política determinante para la erradicación de estos casos.
El vigilante agredido intentaba restablecer el orden en la zona de acceso a la UCI del Hospital Virgen del Rocío. Alertado por el personal sanitario ante la presencia de una veintena de personas que obstaculizaban el paso, el trabajador solicitó que descendieran a la planta baja para cumplir con el protocolo de visitas. La negativa y posterior agresividad de varios individuos derivó en una violenta agresión, que solo pudo ser contenida tras la intervención policial. El vigilante tuvo que recibir asistencia médica y denunció los hechos.
Tal como viene denunciando CSIF en los últimos meses, este nuevo episodio de violencia no es aislado: según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 1.500 incidentes violentos contra estos profesionales, un aumento del 25% respecto al año anterior. Las agresiones varían, desde insultos y amenazas, hasta ataques físicos, que pueden resultar en lesiones graves.
CSIF subraya, en este sentido, el notable incremento desde 2013 hasta 2025, con una tendencia ascendente, pasando de 439 agresiones en 2013, a más de 1.600 estimadas para 2025, con picos especialmente destacados en los últimos años. Este aumento refleja la creciente exposición al riesgo de estos profesionales y subraya la urgencia de mejorar su protección jurídica y laboral.
El sector denuncia asimismo que se produce una agresión cada siete horas y que la respuesta penal sigue siendo insuficiente, ya que estos profesionales no gozan de la protección reforzada que sí ampara a otros colectivos profesionales.

Marco legal obsoleto e incompleto
La ausencia de un amparo jurídico específico denunciada por CSIF coloca a los trabajadores de la seguridad privada en una posición de gran vulnerabilidad ante episodios violentos, lo que no solo dificulta su labor, sino que también los expone a riesgos innecesarios en su día a día. La repetición de estos incidentes evidencia la imperiosa necesidad de una revisión del marco legal actual. Urge dotar a los vigilantes de seguridad de una protección jurídica adecuada, que reconozca la importancia y el riesgo inherente a su trabajo, especialmente en entornos tan sensibles y potencialmente conflictivos como los centros hospitalarios.
La situación de indefensión de los vigilantes se agrava, además, por el retraso en la aprobación del nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada. Aunque la ley fue promulgada hace más de nueve años, el reglamento que debe desarrollarla y dotar de mayor seguridad jurídica a estos trabajadores sigue sin publicarse. Este vacío normativo obliga al sector a operar bajo un reglamento obsoleto, con importantes lagunas legales y sin capacidad para responder a los nuevos retos de la seguridad moderna.
El retraso, que fuentes del sector atribuyen a la falta de voluntad política y a posibles presiones económicas y administrativas, genera incertidumbre y desprotección. La ausencia de un marco actualizado desincentiva la inversión en tecnología, dificulta la formación y deja a los profesionales expuestos a riesgos crecientes, especialmente en entornos tan sensibles como los hospitales.

El sector exige medidas urgentes
Tanto CSIF como diferentes asociaciones reclaman una reforma legal que reconozca la labor de los vigilantes de seguridad, establezca un tipo delictivo específico para las agresiones y garantice una protección jurídica adecuada. Además, piden la aprobación inmediata del reglamento pendiente, así como mejoras en equipamiento, formación y condiciones laborales, para que estos profesionales puedan desempeñar su función esencial con las garantías y el respeto que merece su trabajo.
Mientras tanto, la reiteración de agresiones, como la última sufrida en el Virgen del Rocío, subraya la urgencia de respuestas políticas y legislativas, que no pueden seguir esperando. La seguridad de quienes protegen a la sociedad no puede seguir siendo relegada a un segundo plano por intereses ajenos a la realidad diaria del sector.